La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que los llamados testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) se mantengan en anonimato cuando se trate de investigaciones por casos de delincuencia organizada.

Se trata de una resolución del pasado 28 de marzo, la cual se contrapone a una jurisprudencia asentada por el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Jalisco, el cual, a principios de este año, había determinado lo contrario.

La jurisprudencia señala que la identidad de los testigos protegidos debe revelarse luego de que la PGR ejerza acción penal contra los inculpados ante un juez.

El primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Guadalajara había concedido cinco amparos a acusados por delincuencia organizada y otros delitos graves, porque cuando se les presentó ante el juez de la causa no les fue revelada la identidad de los testigos protegidos que declararon en su contra.

El tribunal colegiado afirmó en enero pasado que mantener ocultos esos datos atenta contra las garantías de adecuada defensa, sin que exista justificación legal para que no se revelen las identidades.

Las consecuencias

Sin embargo, a partir de la resolución de la primera sala de la Corte, los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) podrán negar a los abogados de las personas acusadas de cometer algún delitos vinculado con delincuencia organizada el acceso a los expedientes de indagatorias en curso.

Inclusive, el Ministerio Público podrá solicitar a jueces que emitan órdenes de aprehensión por delitos como narcotráfico, secuestro y otros ligados con delincuencia organizada que impidan el acceso a los litigantes de las partes a los expedientes en que se incluya la identidad de los testigos colaboradores.

Es fundamental que todos los testigos, quienes en la mayoría de los casos son piedra angular de una investigación y un enjuiciamiento eficaces, confíen en los sistemas de justicia penal, indicó la mayoría de esa sala de la SCJN.

Los testigos necesitan tener confianza suficiente para asistir a las autoridades de procuración e impartición de justicia, deben tener la certeza de que recibirán apoyo y protección contra la intimidación y los daños que eventualmente puedan tratar de infligirles los grupos delictivos organizados para intentar disuadirles de que cooperen o castigarles por haberlo hecho, plantea la sentencia, avalada por tres de los cinco ministros que integran dicha sala.