El inculpado argumenta que fue torturado por policías
Martes 17 de abril de 2012, p. 18
El juez federal Alfredo Soto Morales, con sede en el estado de Puebla, concedió un amparo a un sospechoso de haber matado a un empresario de Chiapas en marzo de 2011 para que las autoridades de esa entidad comiencen una investigación en la que se pueda determinar si el inculpado fue torturado por policías ministeriales con el propósito de que se declarara culpable del homicidio.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este lunes que la sentencia de amparo concedida por dicho juzgador se basó en modificaciones recientes en materia de derechos humanos y tratados internacionales suscritos por México, así como en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso Cabrera y Montiel contra el Estado mexicano.
En un comunicado, el CJF aseveró que, de acuerdo con constancias de los autos del proceso, el quejoso, quien fue procesado por el delito de homicidio, refirió que la confesión que rindió ante el Ministerio Público le fue arrancada por actos de tortura
, lo cual derivó en que un juez penal le dictara auto de formal prisión. En contra de esa determinación el quejoso promovió el juicio.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en marzo de 2011, en una carretera de Chiapas, un grupo armado emboscó a un empresario de la localidad; los delincuentes cerraron el paso al vehículo del industrial, por lo que éste chocó.
Uno de los atacantes bajó del automóvil y disparó al empresario. Los delincuentes tomaron el cuerpo del industrial y lo llevaron a otro lugar, donde le dieron otro tiro para asegurarse de que estaba muerto.
La sentencia del juez Alfredo Soto sostiene que corresponde al estado de Chiapas y no al afectado comprobar que los agentes estatales no cometieron ningún acto de tortura y desvirtuar que las heridas mostradas por el quejoso durante su detención son producto de malos tratos y vejaciones.
Se concedió amparo a una persona para el efecto de que el juez penal que conoce de su causa ordene que se abra una investigación imparcial contra los elementos de la policía ministerial que supuestamente la torturaron
, señala la resolución.