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Propone crear un sistema nacional de apoyo a perjudicados

Lista, la ley general de víctimas; el martes se presentará ante senadores
 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de abril de 2012, p. 12

Después de más de un año de trabajos, de consultas con instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y expertos, está listo en el Senado el proyecto para crear la ley general de víctimas, un ordenamiento que obliga al Estado a respetar y proteger las garantías fundamentales de quienes han sufrido el embate del crimen organizado o han sufrido violaciones de derechos humanos.

El dictamen de ese proyecto de ley, que fue un compromiso del Congreso con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se tiene planeado presentarlo ante el pleno el próximo martes. La nueva ley consta de 189 artículos y defiende el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, vía la asistencia jurídica, médica y económica y en general las condiciones necesarias para llevar una vida digna.

Incluye la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, así como la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación, e incluye medidas de reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, honor y nombre ante la comunidad y el ofensor, disculpas públicas, actos conmemorativos y la construcción de monumentos públicos.

La legislación es reglamentaria de los artículos 17 y 20 constitucionales y contempla la creación de un sistema nacional de víctimas, máxima institución encargada de regular y supervisar planes, proyectos y políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas, en los tres niveles de gobierno.

Ese sistema lo conformarán las instituciones, entidades, organismos y demás autoridades, lo presidirá el Ejecutivo federal, pero participarán además los poderes Legislativo y Judicial, representantes de organizaciones de la sociedad civil especializados en la defensa de los derechos humanos, representantes de grupos de víctimas y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se crea un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que se integrará con recursos presupuestales, otros obtenidos de la enajenación de bienes de la delincuencia e incluso donaciones y aportaciones de particulares.

Del mismo se financiarán las medidas que garanticen el acceso de las víctimas a instituciones educativas, cobertura plena de servicios de salud, incluida la hospitalización, cirugías y medicamentos, programas especiales de rehabilitación en salud física y mental, así como brindar alojamiento y alimentación a quienes lo requieran.