on notorias irregularidades de procedimiento y con los votos de las bancadas de PAN y PVEM, más los de parte de las fracciones de PRI y PRD, se aprobó ayer en San Lázaro un dictamen de la Comisión de Hacienda que establece el aumento de la cuota de México al Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual ascenderá a 14 mil millones de dólares.

En la circunstancia presente, la decisión implica que se incrementará el flujo de dinero mexicano destinado a aliviar la crisis económica y financiera que sacude a varias naciones del sur de la Unión Europea (UE), todos los cuales poseen, aun en medio de la crisis, índices de bienestar social y niveles de vida superiores a los de nuestro país, y no tienen los gravísimos indicadores de pobreza extrema que padece México.

La cuota nacional al FMI no es la única vía –ni la principal– por la que se conforma un subsidio neto de países pobres a naciones ricas y desarrolladas. Ha de recordarse que ya durante la recesión de 2008-2009 se dio a conocer que consorcios trasnacionales, particularmente los bancarios, compensaron las pérdidas sufridas por sus matrices en sus países de origen mediante las cuantiosas utilidades generadas por sus filiales en naciones como la nuestra.

En el curso de la actual administración, México ha experimentado la pérdida de 42 por ciento del poder adquisitivo de los salarios, el crecimiento de la pobreza hasta sumar 60 millones de personas y la situación de desempleo de 8.7 millones (de acuerdo con el documento elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dado a conocer ayer en estas páginas). Resulta exasperante que, en tales circunstancias, el país deba destinar una parte sustancial de sus recursos no a aliviar o a remontar ese desastre socioeconómico, sino a subsidiar a un organismo financiero internacional que es en gran medida responsable de formular e imponer las recetas económicas que han causado, en México y en otras naciones, escenarios sociales de pesadilla.

Desde hace tres décadas, en efecto, el FMI, junto con el Banco Mundial han dictado la apertura comercial indiscriminada e inequitativa, el achicamiento del Estado, la supresión de programas de bienestar, el congelamiento salarial, la flexibilización laboral –es decir, la reducción de derechos y de conquistas laborales–, la eliminación de subsidios al campo y a la industria, así como la abolición de legislaciones regulatorias que pudieran interferir en el saqueo de recursos naturales, en la desbocada especulación financiera y en el allanamiento de los mercados nacionales por parte de empresas trasnacionales.

Ciertamente, en el contexto de la globalización económica no sería viable desvincularse de esos organismos financieros, pero sí es necesario, por mero sentido de Estado, acotar su actual injerencia en el diseño de la política económica y, desde luego, restringir al mínimo posible las aportaciones monetarias: es llanamente inaceptable que se argumente que no hay dinero para hacer frente a las urgentes carencias propias y que se entregue una cuota de 14 mil millones de dólares a una entidad que ha contribuido en forma sustancial a la devastación económica y social de nuestro país.