El proyecto de dictamen del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales continúa dando prioridad a la seguridad de las instituciones por sobre la de los ciudadanos, a los que se les sigue considerando como enemigos, expresaron ayer representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Luego de reunirse con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), quien ofreció incorporar las observaciones de las ONG, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que prevalece la idea de que las prácticas viciadas se pueden corregir fácilmente y no violar los derechos humanos, si los ciudadanos se portan bien.

Benítez Treviño, quien los recibió en su oficina en privado, también prometió enviarles una copia del proyecto de dictamen corregido, pero los defensores de derechos humanos solicitaron una reunión de seguimiento, para corroborar que los cambios sí se lleven a cabo.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que si bien el encuentro fue una muestra de apertura por parte de la comisión, luego de que el miércoles el Partido Acción Nacional se negara a escuchar a la sociedad civil, esto no se quede en un mero ejercicio de catarsis.

Este paso, agregó, nos alienta pero nos sigue preocupando que no haya disposición manifiesta de que una legislación tan delicada no pueda abrirse a una discusión plural y a una consulta abierta, porque la insistencia de votar el dictamen sólo refleja las prisas propias del cierre del periodo ordinario de sesiones.

Entre las preocupaciones expresadas por las organizaciones, en un documento que fue entregado a Benítez Treviño, resalta la atribución a la policía y a cualquier autoridad la posibilidad de realizar detenciones y cateos sin orden de aprehensión, cuando se considera que se está cometiendo un delito grave o la presunción de cometerlo.

Vamos a seguir alertas. Tenemos confianza en la palabra del diputado Benítez Treviño, pero la alerta social continúa para que el código no sea en realidad la confección de un sistema inquisitorio con piel de acusatorio, resaltó.

Miguel Sarre, catedrático de derechos humanos, resaltó que el gobierno federal y los legisladores “deben perder el miedo al debido proceso y no insistir en un modelo con el que se pueda detener a cualquier persona arbitrariamente, negarles la libertad o que el Ministerio Público pueda presentar, durante el proceso penal, pruebas adicionales pero prefabricadas.

Finalmente, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que otra de las figuras que se pidió no incluir en el dictamen es la del arraigo, que es contraria al respeto a los derechos humanos, y planteó que la actual redacción del texto busca presentar un nuevo sistema penal, pero conservando las características del viejo modelo.