Organizaciones de derechos humanos y académicos sostuvieron que de aprobarse en la Cámara de Diputados el dictamen para un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se fortalecerá la visión represiva en la estrategia anticrimen, se criminalizará a los sectores más desposeídos y marginados de la sociedad y en general se dará a las leyes anticrimen un carácter autoritario, y se brindaría poderes excesivos al gobierno y sin ningún tipo de contrapeso. Esto podría generar nuevas violaciones a los derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que en las condiciones actuales, la propuesta de modificar el código no es coherente con la reforma de 2008 al sistema penal, ya que dicha iniciativa pretendía garantizar derechos tanto a las víctimas de un delito como a los acusados de cometerlo, y eso no sucedería con las modificaciones propuestas hoy.

“Es un retroceso, y ahora lo que vemos es un código que no protege ni garantiza los derechos humanos, que tendrían que ser una piedra angular.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la iniciativa forma parte de las mismas políticas de mano dura que ya se han aplicado antes, e incluso trata de filtrar algunos puntos que aparecen en leyes polémicas, como la de seguridad nacional.