Buenos Aires, 10 de abril. El procurador general de Argentina, Esteban Righ, presentó hoy su renuncia, que fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que también envió una larga carta en la que señala que no cree posible desempeñar una alta función pública si se compromete el propio honor o la honra familiar, ante denuncias recientes del vicepresidente Amado Boudou que involucran a la esposa abogada del funcionario dimitente.

La presidenta propuso esta noche al Congreso, donde se tomará la decisión final, a Daniel Reposo titular de la Sindicatura General, para el cargo de procurador.

En su carta a la presidenta, Righi señala que llegó el momento de poner fin a mi desempeño como procurador, y advierte que considera como su deber no polemizar con relación a los hechos que son del dominio público, toda vez que su única consecuencia sería afectar las instituciones republicanas y causar daño a las políticas públicas desarrolladas desde el año 2003 en adelante.

Se refería así a la denuncia que presentó ayer ante la justicia el vicepresidente Boudou ratificando que el estudio de abogados de Ana María García, esposa de Righi; María José Labat, esposa del actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, y el abogado Fabián Musso, le ofrecieron hacer lobby en tribunales (en 2009 y 2010) advirtiéndole que iba a enfrentar problemas lo que Boudou ahora vincula con la causa judicial relacionada con la empresa Ciccone, en la que se intenta involucrarlo como su benefactor para que no ir a la quiebra.

Boudou denunció también en el escrito ante la justicia que el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le sugirió en el año 2011 cuando era ministro de Economía, llegar a un arreglo económico para favorecer a la empresa Boldt competidora de la entonces quebrada Ciccone y además salvarse de las acusaciones que se le iban a hacer.

El procurador que estaba en estos días en Nueva York, presentó su renuncia al regresar al verse afectado por la denuncia contra el estudio de abogados de su familia, lo que causó un fuerte revuelo por su historia en el peronismo y en el marco de una compleja situación, que compromete además a jueces, periodistas y a otros funcionarios.

Precisamente si esto produce revuelo, es porque Righi, un joven peronista de izquierda fue ministro del Interior del breve gobierno de Héctor Cámpora en 1973 y fue un hombre fuertemente perseguido por parapolicial la Triple A, debiendo refugiarse en 1974 en México. Righi tomó medidas en defensa de los presos de las dictadura de Agustín Lanuse y abrió las puertas de las cárceles, entre otras medidas importantes. También ahora en su carta a la presidenta recuerda varias de las medidas más fuertes del gobierno que acompañó en derechos humanos y otras, desde que fue llamado por el ex presidente Néstor Kirchner para ocupar ese cargo. También manifiesta que acompañó y acompaña el proceso comenzado en 2003.

La causa por la denuncia de Boudou contra el estudio de la esposa del procurador renunciante quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello y el vicepresidente sugiere que esos supuestos problemas que le anunciaban entonces son lo que han aparecido ahora y que están vinculados con Ciccone y Boldt.

Más aún el funcionario de la Bolsa Adelmo Gabbi, le advirtió que Antonio Tabanelli, el dueño de la imprenta Boldt -que maneja buena parte del juego en la provincia de Buenos Aires–, quería destruirlo y para evitarlo le ofrecía un arreglo económico. Tabanelli quería quedarse con Ciccone.

Desde el punto de vista judicial, la denuncia apuntaría a un tráfico de influencias en el caso del estudio de abogados y a una tentativa de cohecho en el caso del titular de la Bolsa, señalan los medios aquí.

Fuentes cercanas al gobierno ratificaron el respeto por la figura de Righi, pero, al mismo tiempo, pusieron el acento “en cierta falta de firmeza del procurador –una pieza clave en la justicia– ante lo que consideran un manejo irregular en la causa Ciccone y en algunos otros expedientes”, señala un analista aquí..

Asimismo, Righi apoyó la designación como juez de Daniel Rafecas y era hasta ahora jefe del fiscal Carlos Rívolo, quien impulsa la investigación contra Boudou por Ciccone.

Por otra parte, el abogado Diego Pirota pidió la nulidad del allanamiento realizado en el departamento perteneciente a Boudou, considerando que para dar este paso fueron utilizadas pruebas viciadas de nulidad, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.com.

Ante esta situación el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, sostuvo que “existen dudas sobre la objetividad del juez Rafecas en la causa Ciccone y por eso considera necesario analizar si su accionar está dentro de las normas éticas que deben regir la conducta de un magistrado. También podría ser citado el periodista con el que el juez se comunicó cuando éste estaba entrevistando a Boudou.