e acuerdo con datos recientes proporcionados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta abril pasado el total del dinero aportado por los trabajadores a sus administradoras de fondos para el retiro (Afores) sumó 2 billones 221 mil 190 millones de pesos. Particularmente significativo, más allá de la importancia del ahorro de los trabajadores en términos macroeconómicos, es el creciente peso que los recursos administrados por las Afores han adquirido como fuente de financiamiento para el sector privado: al día de hoy, cuatro de cada 10 pesos aportados por los asalariados del país para su jubilación se destinan a fondear las actividades de particulares, a través de diversos mecanismos.

Los datos referidos ponen en perspectiva una circunstancia paradójica: ante el retiro del Estado de las diversas ramas de la economía y ante la incapacidad del sistema bancario privado para proveer el crédito suficiente para las actividades económicas, son los trabajadores del país quienes, cada vez en forma más amplia, son obligados a financiar con sus ahorros de jubilación a las grandes empresas; éstas a su vez, han pugnado en los últimos meses, a través de los organismos cúpula del sector privado, por la aprobación de una reforma laboral que, entre otras cosas, restringe los derechos de los asalariados, precariza su situación y merma sus ingresos.

El punto de contraste ineludible de la importancia que tiene el actual sistema de ahorro para el retiro en el financiamiento privado es el conjunto de desventajas que ese mismo modelo supone para los propios trabajadores. En los casi 14 años transcurridos desde la aplicación del sistema actual –basado en cuentas de retiro individualizadas bajo la administración de empresas financieras privadas–, los empleados han tenido que padecer afectaciones a sus ahorros –eufemísticamente llamadas minusvalías– como consecuencia de la inversión de los mismos en mercados bursátiles. Adicionalmente, han padecido cobros injustificablemente altos por parte de las propias administradoras. Un dato significativo: desde el inicio del actual sistema de pensiones, en 1997, las Afore han otorgado a sus afiliados rendimientos netos que superan los 500 mil millones de pesos; sin embargo, éstos han tenido que que pagar, por concepto de comisiones, 168 mil 253 millones de pesos, es decir, una tercera parte de las ganancias.

A juzgar por los datos anteriormente referidos, es por demás cuestionable el cumplimiento del propósito de proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro, como lo planteó el gobierno de Ernesto Zedillo al presentar, como solución, el modelo de jubilaciones actual. En cambio, es meridianamente claro que las Afores han obtenido, con la conversión de los dineros de los trabajadores en instrumentos de especulación en el mercado bursátil, una oportunidad de negocio inmejorable –pues obtienen cuantiosas ganancias con la inversión de recursos ajenos–, y que el sector privado tiene, hoy por hoy, una fuente de financiamiento de primera importancia en los ahorros de los asalariados administrados por esas empresas.

El actual sistema de pensiones constituye, en suma, un fiel reflejo de las implicaciones de la aplicación del modelo neoliberal en el país: el recorte indiscriminado de las potestades del sector público; la generación de prebendas para el privado; la concentración de los beneficios económicos en estamentos privilegiados y la socialización de las pérdidas entre la población.