El Poder Judicial de la Federación (PJF) reconoció puntos de coincidencia en las conclusiones del informe de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que cuestiona la imparcialidad de la justicia mexicana y la dependencia del Ministerio Público hacia el Poder Ejecutivo, entre otras cosas.

En un comunicado conjunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hicieron patente su compromiso con la transparencia, la profesionalización de sus integrantes, la carrera judicial y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y disciplina que garanticen una justicia de calidad, independiente e imparcial.

Sin embargo, Arturo Zaldívar, ministro de la SCJN, reconoció que el país tiene un problema grave de procuración e impartición de justicia, que no se puede negar.

En el comunicado se sostiene que tal y como se asevera en el reporte, elaborado por la relatora de la ONU Gabriela Karina Knaul, la Judicatura Federal se ha conducido con independencia e imparcialidad y ha tomado acciones para fortalecer la transparencia, venciendo cualquier esquema que pueda propiciar la opacidad.

También destacó la importancia de que se asigne un presupuesto fijo al Poder Judicial, como forma para garantizar su independencia.

En conferencia de prensa, realizada antes de que se emitiera el comunicado del Poder Judicial federal sobre el informe de la ONU, el ministro Arturo Zaldívar sostuvo que la nueva reforma a la ley de amparo y la reforma constitucional a los derechos humanos que entrarán en vigor en fecha próxima pueden ser instrumentos muy importantes para solucionar, de manera sustancial, la crisis de justicia en México.

Cuestionado respecto a la constitucionalidad del fuero militar, el ministro dijo que la Corte no está difiriendo ese tema y aseguró que cuando el máximo tribunal fije una postura al respecto, la decisión no tendrá absolutamente nada que ver con la reforma al fuero de guerra que se analiza en el Congreso.

La Corte no está ceñida a los tiempos de otros procesos legislativo o políticos, sostuvo, y adelantó que en breve, el pleno analizará de nueva cuenta la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Radilla y que la SCJN en su momento también revisará otros amparos relacionados con resoluciones de la CIDH en los que se condena al Estado mexicano.

Señaló que la reciente consignación de un secretario de tribunal y la separación del cargo de un juez federal en Monterrey son reflejo del compromiso decidido del presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Juan N. Silva Meza de combatir la corrupción y de luchar por la erradicación de prácticas inadecuadas y especialmente graves (como es el acoso sexual) detectadas en el medio judicial federal.

Respecto al impacto que tendrá la nueva Ley de Amparo, Zaldívar señaló que la legislación tiene muchos aspectos positivos, como es que por primera vez en México el juicio de amparo protegerá los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por nuestro país; se ampliará el concepto de autoridad para efectos del amparo; habrá menos abusos en el otorgamiento de suspensiones en los juicios de amparo y que al cambiar el llamado interés legítimo, la ciudadanía podrá reclamar el respeto a sus derechos colectivos relacionados con el medio ambiente y patrimonio cultural, entre otros.

En concreto, subrayó, los mexicanos tendremos mayores posibilidades de vigilar la actuación del Estado.