La Procuraduría General de la República (PGR) no ha citado a ningún ex gobernador ni mandatario local en funciones. En caso de indagatoria, la institución actuará con apego a derecho. De existir alguna acción jurídica se citará a quien corresponda, afirmó Ricardo Nájera Herrera, vocero de la dependencia. En ese contexto, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, se reunió ayer con el líder priísta, Humberto Moreira, un día después de que éste denunció persecución.

En total hermetismo se realizó el encuentro, del cual la dependencia aseveró, en un comunicado de prensa, que Blake y Moreira acordaron mantener el diálogo y el acuerdo por encima de las diferencias propias del sistema de partidos. La secretaría difundió de inmediato una fotografía en la cual aparecen ambos personajes dándose un saludo protocolario, antes de abordar temas de la agenda legislativa y la gobernabilidad.

Coincidieron en que una vía trascendente para ello es sacar adelante el paquete de reformas que se encuentran para discusión en la Cámara de Diputados, como la política, la Ley de Seguridad Nacional, la reforma laboral y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, entre otras.

En la mañana, en relación con la denuncia que hizo Moreira la víspera, el portavoz de la PGR mencionó que desconoce la existencia de investigaciones contra algún ex gobernador o mandatario en funciones. En todo caso, comentó, no existen acciones políticas en las actuaciones del Ministerio Público Federal.

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, manifestó que es sorprendente que el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, pida al gobierno federal aclaraciones sobre rumores y exija a la titular de la PGR que diga si es cierto que tiene expedientes sobre supuestos nexos de algunos mandatarios con el crimen organizado.

¿Tan negra tendrán la conciencia los ex gobernadores del Revolucionario Institucional? ¿Qué recordarán de lo que hicieron en Tamaulipas, Durango y muchos otros estados de la República para obligar a su dirigente nacional que pida a la PGR aclaraciones sobre rumores?

Enfatizó: Hay nerviosismo excesivo de ex gobernadores, quienes están haciendo fila en las oficinas nacionales del PRI pidiendo cargos honoríficos que suenan a cargos de protección.

En tanto, en San Lázaro hubo reacciones encontradas, pues diputados priístas y perredistas expresaron que no debe desdeñarse la denuncia del dirigente nacional del PRI, de que el gobierno federal prepara la difusión de expedientes negros de ex gobernadores del tricolor, pues recordaron que el estilo de la administración panista ha sido utilizar la justicia con propósitos electorales.

“El caso más evidente es el michoacanazo”, expresó el perredista Mauricio Toledo.

Por su parte, el priísta Jorge Rojo García de Alba lamentó que, por una parte, el presidente Felipe Calderón demande colaboración al PRI, pero por otra, en la mano, blande el garrote.

El legislador consideró que lo denunciado el lunes por Moreira constituye el preludio que a los partidos de oposición nos espera desde la Presidencia de la República. Es parte de la estrategia del Ejecutivo para confrontarnos en una guerra de ataques que incluso podrían llegar a la vida y las relaciones personales e íntimas de personajes políticos.

El diputado perredista Mauricio Toledo recordó que ya en 2006, cuando el adversario a vencer era el PRD, la guerra sucia se enfocó contra Andrés Manuel López Obrador, pero esta vez los priístas también, como expresan las consejas populares, deben ir poniendo sus barbas a remojar. El Presidente ya les ha dicho que no se quiere un retorno al pasado, y el mensaje muy claro es para el PRI. Pero también la izquierda debe tomar sus previsiones, porque en el reparto de ataques habrá para todos

Al respecto, el senador priísta Fernando Castro Trenti sostuvo que Humberto Moreira intenta que el gobierno de Felipe Calderón ya no use la impartición de justicia con propósitos electorales.

Queremos que si hay averiguaciones previas se den a conocer. No sea que luego se les ocurra, como en el caso de Manuel Añorve, en Guerrero, abrir, mediáticamente, una campaña de desprestigio.

Gustavo Castillo, Fabiola Martínez, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Roberto Garduño