a nueva Ley de Migración es uno de los adelantos más significativos que se han alcanzado en materia de política migratoria en los últimos 80 años y se suma a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, recientemente promulgada, en enero, también de este año.
A partir de las reformas, adiciones y derogaciones, se amalgama una ley integral capaz de incluir en un solo instrumento jurídico el marco institucional de la política del Estado mexicano en materia migratoria.
El aspecto jurídico integrador más relevante es el cambio de paradigma en el que se asume la migración desde un enfoque con tres diferentes dimensiones: México como país de origen, tránsito y destino de migrantes, tomando en cuenta la protección a los derechos humanos en el eje rector de la política migratoria y la unidad familiar. Además la ley establece obligaciones claras de coordinación de los tres niveles de gobierno.
Antes de que la propuesta fuera enviada a la Cámara de Diputados para su revisión, fueron rechazados algunos artículos, pues existía la crítica de que era un instrumento policial para proteger la seguridad nacional, facultando a la Policía Federal en temas migratorios.
Algunos críticos señalan que es una ley parcial, pues caracteriza el fenómeno de la transmigración, atendiendo sólo los sucesos en los que migrantes centroamericanos han sido maltratados. Se enfoca y contiene elementos para la transmigración.
Otros también argumentan que no sanciona patrones de contratación a inmigrantes indocumentados, específicamente centroamericanos, como ocurre en Chiapas, y jornaleros agrícolas internos y externos.
Lo cierto es que, como todo instrumento jurídico, es perfectible y su aplicación es gradual, pero sin duda marca un nuevo comienzo en la protección de los derechos de los migrantes que, insisto, es una problemática global y México está mostrando su esfuerzo por participar con hechos en su resolución.
Toda política pública constituye un conjunto de principios, objetivos, líneas de acción e instrumentos para abordar las tareas de gobierno. Por lo mismo, la definición de la política migratoria no puede constreñirse a ser sólo una herramienta transversal, sino abarcar otros ámbitos, otras decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados para atender el fenómeno migratorio de manera integral.
La plataforma electoral por la que fuimos votados los diputados integrantes de la 61 Legislatura del Partido Revolucionario Institucional, particularmente los que merecimos la confianza de los ciudadanos en la región Costa Soconusco de Chiapas, señalaba la necesidad de vincular migración y desarrollo, como procesos que tienen estrecha relación entre sí, para constituir el vínculo en eje central del diseño de una política pública especifica, dirigida a la atención integral de los efectos que los flujos migratorios provocan en las zonas expulsoras y receptoras del país. (...) Asimismo, fortalecer la normatividad sobre migración, incluida actualmente en la Ley General de Población, mediante la expedición de una Ley de Migración para ampliar y adecuar su contenido a la dimensión y circunstancia que ahora está presentando este fenómeno social
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Es de reconocerse el trabajo de los senadores para tener un proyecto legislativo migratorio que mereció el más amplio estudio, discusión y consenso y el compromiso en la Cámara de Diputados, con la aprobación en sus términos de la minuta. Es de destacarse también las reuniones previas de trabajo en las que se analizaron las propuestas de la sociedad civil tanto de México como de Centroamérica, al igual que a nuestros connacionales en Estados Unidos de América.
La Ley de Migración impulsa un modelo de gestión migratoria para salvaguardar el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Vela por la seguridad humana y la integridad de los migrantes nacionales y extranjeros, promoviendo los principios de la tolerancia y de la no discriminación y combatiendo eficazmente el tráfico la explotación de los migrantes y las redes criminales asociadas a la migración.
La instrumentación de este marco legal fue preocupación constante del Congreso de la Unión. Prueba de ello es la iniciativa que presenté el 3 de noviembre de 2010, para adicionar el capítulo XI para proteger a los transmigrantes y migrantes no documentados. La argumentación se basaba en que la migración de personas tiene antecedentes remotos en las diversas culturas y persiste en todas las latitudes del mundo con gran dinamismo en la actualidad; sin embargo, la globalización económica que caracteriza nuestra época, ha provocado que el flujo de personas que emigran, de sus países de origen a los lugares que ofrecen mejores condiciones de empleo, se haya intensificado.
En México –precisé– la problemática de la migración se acentúa, toda vez que su posición geográfica, la amplia frontera con Estados Unidos y la disparidad de las condiciones económicas de la región, le obligan asumir un papel, no sólo de expulsor de sus habitantes hacia Estados Unidos, sino de receptor de personas que provienen de países de América Latina con un grado de atraso mayor, para emplearse en forma temporal en nuestro país, o para transitar por su territorio a fin cruzar la frontera norte.
Vejaciones, amenazas, violencia e impunidad. Y asaltos, abusos sexuales y arbitrariedades. En una palabra: inseguridad en los migrantes por parte de las autoridades y del crimen organizado que empezó a secuestrarlos para extorsionar a sus familias o para hacerlos trabajar para ellos por la fuerza
En ese contexto, los estados fronterizos del sur se caracterizan por ser el punto de entrada del creciente flujo migratorio de personas que transitan por el territorio para llegar a Estados Unidos; ese cruce persistente y numeroso de personas, hace necesario reforzar las tareas de control migratorio, seguridad, auxilio y protección de su vida e integridad física, otorgándoles asesoría jurídica y asistencia social cuando lo requieran, derivado de los riesgos por fenómenos naturales o abusos y atropellos por parte de autoridades y particulares, teniendo como finalidad la defensa y salvaguarda de sus derechos humanos, al margen de su nacionalidad y su condición con relación a su estancia en la República Mexicana.
Retos y desafíos tiene, en principio, la nueva Ley de Migración. Busca, por supuesto, atender la dinámica del fenómeno migratorio con mecanismos regulatorios para fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derechos, así como vigorizar y ampliar la tradición hospitalaria y de refugio del país, propiciando una mayor contribución de la autoridad migratoria a la seguridad nacional, pública y fronteriza, y actualizar y armonizar el marco normativo migratorio, con los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por México, proporcionando integralidad y coherencia a la política y la gestión migratoria en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
