En lo que fue la tercera demanda de amparo contra la histórica multa de 11 mil 989 millones de pesos contra Telcel, los abogados de la telefónica presentaron este martes una demanda de garantías en la que reclaman la anulación de esa sanción, con el argumento de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) debió recusar a su presidente, Eduardo Pérez Motta, de votar esa multa impuesta por prácticas monopólicas.

La empresa Telcel, propiedad de Carlos Slim, argumentó que el pasado 7 de abril la CFC sesionó y decidió multarla sin resolver previamente una recusación presentada contra Pérez Motta y sin haber notificado en forma debida la resolución a esta solicitud.

Desde el 25 de marzo pasado, la compañía telefónica presentó un escrito a la CFC en el que solicitó que Pérez Motta no votara el procedimiento que derivó en la multa multimillonaria, debido a que previo a esa resolución el presidente del órgano colegiado había realizado manifestaciones a la prensa que cuestionaban su objetividad.

Además, Telcel argumentó al juez de amparo que el 7 de abril pasado, día de la multa, la CFC subió a su página electrónica dos acuerdos (emitidos el 4 y 6 de abril) con los que declaró notoriamente improcedente la recusación de Pérez Motta, pero la empresa quejosa alega que no fue notificada formalmente.

Este nuevo amparo, el tercero que se presenta para impugnar –directa o indirectamente– la multimillonaria multa, deberá ser resuelto por la conocida juez Blanca Lobo, del juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, quien tomó notoriedad pública tras ordenar la suspensión del documental Presunto culpable.

A decir de funcionarios judiciales y abogados expertos en materia administrativa, consultados por La Jornada, si la juez Lobo ampara a Telcel, el primer efecto sería la anulación de la multa, además de que la CFC quedaría obligada a pronunciarse de nueva cuenta sobre la recusación de su comisionado presidente.