La Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada y obligarlos a cumplir su agradecimiento al pueblo de México participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior.

El pasado 12 de abril, la mesa directiva de San Lázaro dio entrada a la iniciativa de ley promovida por los priístas Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana; no obstante, el presidente del órgano camaral, Jorge Carlos Ramírez Marín, decidió darle trámite hasta el 29 del mismo mes –justo cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones–, al turnarla a las comisiones unidas de Gobernación, Hacienda, Defensa, Marina, Educación y Función Pública, y con opinión de la de Presupuesto, para hacer aún más engorroso el proceso.

A la fecha, las pensiones que perciben los ex presidentes no tienen sustento jurídico ni se encuentran desglosadas en ningún marco legal, sólo son consideradas acuerdos de carácter administrativo. La iniciativa en cuestión aporta las bases y regula responsabilidades, actividades, pensiones, medios personales y materiales, así como servicios de seguridad de quien haya ocupado el cargo de presidente constitucional.

La creación de una ley para ex presidentes se perfila como el marco legal que contempla incluso las causas por las que podrían perder sus derechos y beneficios.

Así, los ex mandatarios federales tendrán derecho a disfrutar de una pensión equivalente a 85 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones –durante los primeros seis años después de haber concluido su encargo–, la cual será incrementada en la misma proporción. Terminado ese periodo podrán tener una pensión vitalicia equivalente a 50 por ciento del salario del Ejecutivo en turno, aumentado en la misma proporción.

También gozarán de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia, mismos de los que también gozará su cónyuge. Los hijos estarán cubiertos hasta cumplir la mayoría de edad, o aun después si por sus condiciones de salud e imposibilidad física no puedan desarrollar actividades que les reditúen beneficios económicos para su subsistencia.

En caso de fallecimiento del ex presidente, su cónyuge recibirá una pensión equivalente a 50 por ciento y se reducirá 90 por ciento el apoyo de seguridad si el deceso ocurre durante los primeros dos años posteriores a la conclusión de su periodo. Después de este lapso será retirado el cuerpo de seguridad y el personal de apoyo se quitará cuando el ex mandatario fallezca.

En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad o que por sus condiciones de salud e imposibilidad física no puedan desarrollar actividades que les reditúen beneficios económicos para su subsistencia. Todas las prestaciones serán suspendidas si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.

Además, las pensiones serán suspendidas cuando el beneficiario fuera condenado como resultado de un juicio político, por algún delito grave que merezca como pena la privación de la libertad y cuando realice algún acto que atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales.

Para acotar a quienes se contraten con empresas extranjeras –como sucedió con Ernesto Zedillo Ponce de León–, el documento argumenta sobre lo impropio que resulta servir a extranjeros: “su experiencia en la toma de decisiones, de su responsabilidad de gobernar, no debe terminar en el exterior, mucho menos en empresas o consorcios internacionales que requieren de información clasificada y real para hacer crecer sus negocios. Esto representa una fuga de cerebros, de experiencia y, sobre todo, de información privilegiada que desafortunadamente no es aprovechada en nuestro país para su propio desarrollo.

“Al concluir sus periodos de gobierno constitucionales, los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integrarán de tiempo completo como miembros académicos, docentes o investigadores, a cualquier universidad pública del país, privi- legiando a la que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional, bajo la normatividad que corresponda a la institución a que se integre, quedando estrictamente prohibido involucrar su preferencia y militancia partidista con sus labores de enseñanza.

En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que puedan participar como conferencistas, panelistas o alguna otra actividad que no requiera título profesional.

También, el apoyo de personal de seguridad para los ex presidentes se reduciría 70 por ciento y se suspendería su seguro de gastos médicos mayores. Así, para preservar su integridad física, la Secretaría de la Defensa Nacional dispondrá de un general, dos jefes, seis oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, de un jefe, dos oficiales y seis elementos de tropa, y la Armada, de dos jefes, dos oficiales y 10 elementos de tropa. El cuerpo de seguridad solamente funcionará dentro de territorio nacional y no podrá acompañar al beneficiario en los viajes que realice al extranjero.

El personal administrativo con que contarán los ex presidentes se compondrá de dos subdirectores, dos coordinadores administrativos, cuatro jefes de departamento, dos investigadores y dos asesores en materia jurídica, una bibliotecaria, dos programadores, cuatro secretarias, dos personas de apoyo y dos auxiliares administrativos, dos archivistas, dos choferes, una persona de mantenimiento eléctrico-telefónico y un representante de oficina.