El gobierno mexicano no respeta, protege ni garantiza los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad para encontrar el paradero de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, declaró en Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

En el contexto de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, añadió: lo hemos constatado a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este centro, y se sumó a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzadamente en el mundo, Latinoamérica, México, y específicamente Chiapas, durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

El CDHFBC detalla que en Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común. Entre 1995 y 2001, durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el centro documentó, sólo en la zona norte del estado, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por acciones del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, o Paz y Justicia, mismas que respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.

En ese entonces, Paz y Justicia agredió a la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. El grupo se caracterizó por la violencia a través de emboscadas, desplazamientos, desapariciones, asesinatos, violaciones sexuales y torturas. El organismo registra también una treintena de indígenas zapatistas desaparecidos forzadamente en enero de 1994 durante los combates contra el Ejército federal.

Pero no todo quedó ahí: En una política contrainsurgente similar, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, Ocosingo, la comunidad fue emboscada por civiles armados de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por 300 elementos de la Seguridad Pública. El ataque provocó el asesinato de cuatro personas y la desaparición de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López.

La práctica de la desaparición forzada, como establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un crimen de lesa humanidad, puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales.

El organismo civil destaca que el Estado mexicano figura entre los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, lo que permite violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares.

Además, se canceló la fiscalía especial para los crímenes del pasado y se omitió efectuar investigaciones adecuadas por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, mientras mantuvo en la impunidad las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio mexicano”.

Con respecto a la convención internacional para la protección contra las desapariciones, el gobierno mexicano se reservó el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, que examina los casos presentados por las víctimas, sus familiares o representantes. Decisión incompatible con la naturaleza misma del tratado que confirma, según el CDHFBC, la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica.