La Habana, 9 de mayo. El Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoció que las empresas públicas deben tener independencia, pero al mismo tiempo revivió el concepto de planificación centralizada de la economía, según el documento final del sexto congreso de la organización, que concluyó hace tres semanas.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, como se llama el plan que aprobó el PCC, empezaron a circular masivamente este lunes, mostrando la coexistencia de dos enfoques, cuya solución en la práctica no queda clara: el que insiste en la apertura económica y el que le pone candados.

El documento confirmó una de las claves de la reforma, la liquidación del sistema de control vertical del gobierno y el PCC sobre las empresas. Sin embargo, añadió un enunciado que no aparecía en el proyecto original: La planificación centralizada de la economía y el control sistemático que el Estado, el gobierno y sus instituciones deben ejercer, serán garantía del funcionamiento eficiente.

Estos principios, añadió la versión final de los lineamientos, deben ser armonizados con más independencia de las empresas estatales y con el desarrollo de formas de gestión no estatal en la producción y los servicios, para lograr una mayor liberación de las fuerzas productivas.

El sistema de planificación socialista será la base de la política económica y tendrá que modificarse en sus métodos y organización, resolvió el congreso, tal como estaba en el proyecto. Pero agregó que el mecanismo también tendrá que cambiar su forma de control, para añadir, a renglón seguido, que la planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características.

La acción de las dos corrientes en el congreso fue ilustrativa en otro lineamiento, que sólo tuvo cambios de estilo y que en el borrador ya mostraba la coexistencia de los enfoques: la planificación incluirá a las otras formas de gestión no estatales, es decir, a las cooperativas y las microempresas privadas.

El plan ratificó la separación paulatina de las empresas respecto de los ministerios, la creación de una nueva estructura corporativa, la libertad de las compañías para establecer relaciones horizontales, el criterio económico como base para su control externo y la prohibición explícita de que sean intervenidas por instancias ajenas a las mismas. Sin embargo, no eliminó la supervisión administrativa, como quería el borrador, sino que la incorporó, aunque reduciendo la carga.

De cualquier forma, los lineamientos confirmaron campos de maniobra independiente para las empresas, como su capacidad para decidir la cantidad de su personal y disponer de las utilidades en inversión y desarrollo de su fuerza laboral. El congreso también amplió a los jefes el mecanismo de pago por resultados, ya reconocido para los trabajadores.

El documento definió la existencia de cooperativas de segundo grado, un esquema productivo semejante a una mediana empresa, cuyos socios serían otras cooperativas y que pueden desempeñarse en la producción, los servicios y el comercio.

A la ampliación del sector cooperativo, ya previsto en el proyecto inicial, el congreso le agregó el reconocimiento de que puede comerciar libremente y sin intermediarios, después de cumplir sus compromisos con el Estado.