l pasado miércoles, en un discurso emitido en cadena nacional, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, reiteró su posición de mantener la actual política de seguridad pública; demandó el respaldo y la comprensión de la ciudadanía, fustigó a quienes de buena o mala fe buscan detener la acción del gobierno, señaló que ésta es necesaria para evitar tragedias que sigan enlutando hogares y manchando de sangre a nuestra sociedad, y citó, como ejemplos, el cobarde asesinato de decenas de personas en San Fernando, Tamaulipas –en referencia al hallazgo de cadáveres de hace un mes en narcofosas de esa localidad– y el homicidio de siete personas –entre ellas el hijo del poeta Javier Sicilia– ocurrido a finales de marzo en Temixco, Morelos.

Ayer, en el contexto de la conmemoración por la Batalla de Puebla, el político michoacano insistió en sus críticas a quienes quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia y darle simple y llanamente el paso a gavillas de criminales y se dijo convencido de lograr una victoria definitiva sobre las bandas delictivas porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza.

Ambas alocuciones presidenciales exhiben una visión parcial y distorsionada de la realidad, palpable desde la reconstrucción misma de los hechos: al referirse al hallazgo de cuerpos de connacionales a principios de abril en San Fernando como uno de los motivos para persistir en la estrategia antinarco, Calderón omitió mencionar que en ese mismo municipio tamaulipeco, meses antes, había tenido lugar un episodio similar, cuando fueron encontrados 72 cuerpos de migrantes centro y sudamericanos. Tal omisión es difícilmente comprensible si no es como un lamentable acto de discriminación.

Por lo demás, el tono de exaltación belicista que prevaleció en ambos discursos resulta improcedente y hasta falto de modales en un momento en que un vasto sector de la población exige, justamente, la reformulación de la estrategia gubernamental. Es significativo que el otro de los sucesos referidos por el jefe del Ejecutivo –el multihomicidio perpetrado en Temixco a finales de marzo pasado– haya sido justamente la gota que colmó el vaso del hartazgo y la exasperación ciudadanas ante la violencia cruenta y confusa que recorre el territorio nacional y ante la estrategia oficial para combatirlas, como se expresa en la marcha que el propio Javier Sicilia emprendió ayer de Cuernavaca a la ciudad de México, y que culminará el próximo domingo en el Zócalo capitalino.

Otros elementos preocupantes de los discursos calderonistas de ayer y anteayer son, por un lado, la reivindicación de la capacidad gubernamental para ejercer el monopolio de la fuerza, cuando tal capacidad, mal orientada y aplicada, ha resultado tan contraproducente, y la afirmación de que la razón de la lucha por la seguridad es la población: este último señalamiento transita en sentido contrario a la evidencia histórica de que las sociedades nunca se benefician con las guerras y que los dividendos de las confrontaciones bélicas, cuando los hay, tienden a repartirse, en todo caso, entre las élites de los bandos vencedores. En el caso de la cruzada caleronista declarada hace más de cuatro años, la constante ha sido una cadena de pérdidas para la población y para las propias autoridades en cuanto a vidas humanas, paz pública, estabilidad, gobernabilidad, integridad institucional, recursos económicos y humanos, y soberanía nacional.

Para preocupación y alarma del país, las tendencias a la fuga de la realidad en que suele incurrir el actual gobierno configuran un lastre fundamental para atender los clamores ciudadanos por la paz, por la contención inmediata del actual baño de sangre, por la defensa de la soberanía y por que el gobierno cumpla con su tarea irrenunciable de combatir a la criminalidad con base en una estrategia inteligente, responsable y respetuosa de los derechos humanos y de las garantías de la población. Si no se corrige esa situación, la sordera e indolencia de las autoridades pueden llevar la exasperación ciudadana a un punto de no retorno.