El gobierno mexicano admitió que continúa el desconocimiento de la existencia de múltiples barreras sociales y culturales que impiden a las personas con discapacidad participar plenamente en todos los ámbitos de la vida, por lo que anunció un programa de trabajo para los próximos cuatro años con el propósito de asegurar de manera progresiva la inclusión de quienes integran este sector.

En su primer informe ante la Organización de Naciones Unidas en torno a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, consideró imprescindible lograr que las medidas que adopten tanto sociedad como gobierno para asegurar el goce y ejercicio de los derechos humanos de este sector partan de una comprensión cabal de la visión sobre la discapacidad que propone dicha convención, ratificada por México en diciembre de 2007.

Según el documento, a pesar de que en 2001 se reformó el artículo primero de la Constitución, el cual prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, sólo 12 entidades reformaron las constituciones locales; en tanto, 17 estados han aprobado leyes estatales que armonizan con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en 2003.

El texto también refiere un diagnóstico realizado por el Sistema de Accesibilidad a Edificios Federales, el cual apunta que de 10 por ciento de los inmuebles federales con carácter administrativo, recreativo, educativo, cultural, de salud y asistencial evaluados, poco más de la mitad muestra un avance de 35 por ciento en materia de accesibilidad. Más adelante revela que los inmuebles no cumplen con la totalidad de los requerimientos para ser accesibles. En general carecen de alarmas, de personal capacitado para ofrecer atención y definir rutas de evacuación o diseñar y mejorar los elementos arquitectónicos y urbanísticos que faciliten el acceso, desplazamiento y uso autónomo de personas con discapacidad, especialmente de aquellas con discapacidad visual y auditiva.

En entrevista, el titular del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Francisco Cisneros, aseveró que este informe es un ejercicio de transparencia en el que estamos manifestando la posición real de México; no estamos maquillando ni inventando que ya resolvimos todo.

A partir de esta situación, dijo, el reporte genera directrices específicas de un programa de trabajo cuyos tópicos son: igual reconocimiento ante la ley, toma de conciencia sobre las barreras impuestas por la sociedad, recopilación de datos y estadísticas, accesibilidad y retos en materia de salud, educación y trabajo.

El documento fue elaborado con los insumos de 55 dependencias del Ejecutivo, así como con las contribuciones de los poderes Legislativo y Judicial, 17 entidades de la República, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Distrito Federal e instituciones académicas.

De acuerdo con el Censo 2010, en México habitan casi 6 millones de personas con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, es decir, 5.1 por ciento de la población total.