Los diputados del PRI se alistan a votar hoy una iniciativa para introducir la figura de las acciones colectivas como recurso de defensa de los derechos humanos y de los consumidores, pero dicho proyecto fue tergiversado por las empresas precisamente para evitar que sean demandadas.

Así lo sostuvieron integrantes de organizaciones civiles, las cuales lamentaron que lo que empezó hace cuatro años como una iniciativa ciudadana se haya pervertido hasta convertirse en herramienta de las grandes compañías para extender sus prácticas nocivas y seguir en la impunidad.

Daniel Gershenson, dirigente de la asociación Al Consumidor, señaló en conferencia de prensa que hace dos días las comisiones unidas de economía y justicia aprobaron las bases del mencionado documento, y hoy se votaría en el pleno su ley reglamentaria, supuestamente diseñada por el Consejo Coordinador Empresarial.

Hace tres años, recordó el activista, diversas organizaciones enviaron un proyecto a las Cámaras de Diputados y Senadores para elevar a rango constitucional el derecho a emprender acciones colectivas, es decir, el recurso jurídico que permite iniciar demandas de un grupo amplio de personas en contra de gobiernos o empresas que no cumplan con su responsabilidad.

En 2008, el legislador priísta Jesús Murillo Karam dio a conocer dicha propuesta como una forma de otorgar poder a los ciudadanos para que pudieran defenderse de los abusos, negligencias o malos servicios, tanto de las autoridades como de la iniciativa privada. Sin embargo, un grupo de compañías inescrupulosas se dedicó a mutilar la iniciativa hasta convertirla en una ley discriminatoria que no sirve para defender a las personas frente a los abusos de los gobiernos y de la iniciativa privada.

La reforma, aprobada el 30 de julio de 2010, modificó el artículo 17 constitucional, así como el Código Civil Federal, entre otros reglamentos de varias instituciones, pero en los hechos limita el uso de las acciones colectivas a asuntos de defensa del medio ambiente y de transacciones comerciales entre empresas y consumidores, dejando fuera una amplia gama de derechos ciudadanos, dijo Gershenson.

Uno de los responsables de este ataque, aseguró, es el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, quien habría utilizado sus influencias en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para distorsionar el proyecto ciudadano, y de esa forma congraciarse con los empresarios, de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

Adriana Labardini, también integrante de Al Consumidor, advirtió que la versión tergiversada de este proyecto no sirve para defender los derechos humanos, ya que únicamente busca prolongar el estado de privilegio para los sectores más ricos del país.

Por su parte, Dolores Rojas, de Oxfam México; Uriel Vargas, de El Barzón, y Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, afirmaron que con la aprobación de esta reforma los monopolios siguen marcando la pauta, y llamaron a que esta acción tenga un costo electoral para el PRI y los otros partidos que la apoyen hoy en la Cámara de Diputados.