Aunque el documental Presunto culpable ya no está en cartelera, continúa el litigio en dos juzgados de distrito y un tribunal colegiado de circuito para evitar la modificación del filme.

La juez Blanca Lobo, titular del juzgado décimosegundo de distrito en materia administrativa, requirió este lunes a la empresa Cinépolis para que en 24 horas explique por qué no ha cumplido el mandato girado el 14 de marzo pasado para difuminar el rostro de Víctor Reyes Bravo, testigo del juicio relatado en el documental, quien promovió el amparo contra Gobernación, porque él no autorizó la explotación de su imagen y dice haber sufrido daño moral.

La juzgadora apercibió a la compañía de que si no responde al requerimiento judicial aplicará multas por desacato.

Desde el inicio del litigio Cinépolis replicó que no le corresponde ejecutar esa orden judicial porque no es autoridad. En respuesta, la juez Lobo ordenó que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación, diera cumplimiento a su mandato, pero ésta respondió que no tenía facultades legales para ello.

Técnicamente imposible

Los productores del filme han alegado que la difuminación ordenada por la juez es técnicamente imposible.

En tanto, el décimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa tiene pendiente resolver varias quejas contra decisiones de las jueces, incluida la admisión a trámite de las demandas de amparo.

Ahora el litigio ya no tendrá efecto para la exhibición del documental que únicamente estuvo 45 horas fuera de cartelera por orden de la juez Lobo.

Presunto culpable fue visto por más de un millón de personas en salas cinematográficas, y en la actualidad ya no se difunde en ninguna.

A decir de funcionarios del Poder Judicial Federal, las sentencias que se lleguen a dictar sobre la legalidad de la autorización de RTC aún podrían afectar la distribución comercial de la película en devedé y televisión.