a Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero denunció este lunes la desaparición del expediente del asesinato de Armando Chavarría Barrera, ultimado en Chilpancingo el 20 de agosto de 2009, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de esa entidad y como líder de la bancada perredista en esa instancia legislativa; al mismo tiempo era considerado el principal aspirante a suceder al hoy ex gobernador Zeferino Torreblanca en el Ejecutivo estatal. El titular de la fiscalía guerrerense, Alberto López Rosas, dijo que en esa dependencia no existen vestigios de la averiguación previa sobre el homicidio, e incluso añadió que una de las últimas personas que estuvo a cargo de la indagatoria –el ex fiscal para Delitos Graves de la Zona Centro, Jesús Miranda Rodríguez– se encuentra desaparecida desde finales de febrero.

Más allá de las responsabilidades administrativas o penales que obligadamente deberán fincarse por la desaparición de estos documentos, el hecho mismo pone a la vista un cúmulo de inconsistencias en las pesquisas sobre el caso: a finales de marzo, unos días antes de concluir su mandato, el ex gobernador Torreblanca afirmó que la investigación del caso Chavarría tenía un avance de 99 por ciento y dijo conocer los motivos, razones y circunstancias del asesinato, pero señaló que no podía darlos a conocer públicamente porque hace falta un eslabón. Días después, en conferencia de prensa, el antecesor de López Rosas al frente de la PJGE, David Augusto Sotelo, reiteró que desde el 3 de junio de 2010 la investigación del homicidio había sido atraída por la Procuraduría General de la República, y que el expediente se había remitido un día después a esa dependencia federal. Ayer, sin embargo, el actual procurador estatal señaló que no encontramos ni siquiera un acuse de recibo de la PGR donde nos indique que efectivamente el caso lo atrajeron las autoridades federales, e indicó que el esclarecimiento de este crimen está en cero.

Semejantes colisiones declarativas entre los gobiernos saliente y entrante dan cuenta de un manejo irresponsable en la procuración de justicia –que involucra ciertamente a las autoridades guerrerenses, pero también a las federales– y hace inevitable suponer que la sustracción del expediente referido obedece a un designio de no esclarecimiento de los puntos oscuros de este caso, que son muchos.

Tal consideración se ve reforzada si se toma en cuenta que el episodio citado tiene una inocultable dimensión política, como se desprende del perfil, la importancia y la trayectoria pública del ultimado, pero también de las acusaciones de su familia –que ha responsabilizado del crimen al gobierno de Torreblanca– y de la propia dirigencia nacional del PRD, la cual dijo en su momento que el homicidio había sido por motivos políticos y lo colocó como un eslabón más de la cadena de asesinatos de perredistas en Guerrero. Si la hipótesis de que el asesinato comentado obedeció a una conjura política no resultaba de inicio descabellada, la desaparición del expediente citado la refuerza y siembra la impresión de que hay poderosos intereses enquistados en el gobierno de esa entidad –ya sea en el actual o en el anterior– que no quieren que el crimen se resuelva y se sancione a los responsables materiales e intelectuales.

En suma, el caso Chavarría es indicativo de una realidad nacional desoladora, en la que los órganos encargados de procurar justicia, tanto estatales como federal, acusan severos déficits en su capacidad y credibilidad para cumplir con sus tareas: con ello, además, se envía un mensaje inequívoco de desprotección a los funcionarios, legisladores y representantes populares del país –y al conjunto de la población, por consecuencia–; se propina un severo golpe a la política misma en tanto espacio de solución pacífica de conflictos, y se da, en suma, un nuevo y desesperante aliento a la impunidad.