Las bancadas de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que se prepara un albazo, a fin de aprobar de forma acelerada, en las pocas sesiones que restan al periodo ordinario, reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se creará un régimen militar similar al que operó en el Chile de Pinochet y violenta la Constitución en principios fundamentales, que tienen que ver con las libertades ciudadanas.

La diputada perredista Teresa Encháustegui y el petista Mario di Costanzo coincidieron en que la única posibilidad de que no se apruebe en San Lázaro ese dictamen que da al Ejército facultades por encima de las definidas en la Carta Magna, es que una parte de la bancada del PRI se oponga a ese proyecto que los legisladores afines a Enrique Peña Nieto negociaron con el presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

Entrevistados por separado, ambos legisladores coincidieron asimismo en que la izquierda no puede permitir una legislación que vulnera el régimen constitucional de garantías y sienta las bases de un Estado militar, con el pretexto de dar mayores instrumentos al gobierno federal para seguir adelante con su fallida estrategia contra el crimen organizado.

En un contexto en que las fuerzas armadas han incurrido en infinidad de violaciones a derechos humanos, en que han disparado y matado a civiles sólo porque no se detuvieron en retenes, sería gravísimo que se aprobara esa reforma que faculta al Ejecutivo federal para actuar como si se viviera un estado de excepción, recalcó Di Costanzo.

Señaló que tiene información de que PRI y PAN planean sesionar hasta el último día del periodo, el próximo sábado 30, para sacar ese dictamen, presentado por el priísta mexiquense Alfonso Navarrete Prida. Encháustegui hizo notar que los impulsores de esos cambios a la minuta del Senado seguramente intentarán mayoritear el próximo lunes, para aprobar sólo en la Comisión de Defensa el proyecto y dejar fuera a las otras cuatro comisiones dictaminadoras.

La perredista recalcó que no cree que todos los diputados del PRI avalen ese dictamen, que es una afrenta para los senadores, incluidos los del tricolor, ya que desechó los cambios que se formularon en Xicoténcatl a la iniciativa presidencial. Confiamos en que los priístas que tienen en su haber la transición más tersa en la historia nacional, el paso del régimen militar al civil en la década de 1940, rechacen esta barbaridad.

Di Costanzo consideró evidente que hay un acuerdo entre los diputados del tricolor afines a Peña Nieto con Calderón, con miras a 2012 y que se ha apresurado el proceso legislativo para evitar que la ciudadanía lo digiera y rechace. Si bien, dijo, Navarrete Prida lo impulsa con todo y los integrantes de la Comisión de Defensa están doblegados ante el general Galván, la única esperanza de que no pase es que parte de los priístas lo rechacen.

Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Encháustegui expuso que para su bancada son inaceptables las modificaciones que le hicieron PRI y PAN a la minuta. Nosotros estamos en favor de una política para combatir al crimen organizado que incluya la participación del Ejército, pero con plazos temporales y sin que se violente la Carta Magna.

Expuso que en el dictamen de la Comisión de Defensa se faculta al Ejecutivo federal para decretar una afectación a la seguridad interior, que no es otra cosa que decretar estados de excepción, donde la información se considera secreta.

Hizo notar que el artículo 21 asienta que hasta por una mentada de madre a alguno de los funcionarios responsables de seguridad habrá represalias y se considerará a quien lo haga alguien que obstaculiza el proyecto nacional. Aquí cabe preguntarse, recalcó, ¿a qué proyecto se refieren, al del gobierno actual?

Di Costanzo agregó que se trata de una regresión muy grande para el país, pues los militares podrán interrogar a ciudadanos en la calle, revisar sus pertenencias, integrar expedientes confidenciales con fines políticos, usar testigos anónimos; es la legalización del michoacanazo”. En general, le dan armas al Ejército para avanzar a un Estado totalitario y lo facultan para ir contra movimientos sociales, laborales o electorales.