Le digo al pueblo de Dios, con profunda sinceridad, que no tengo nada de qué avergonzarme. Se me ha presentado como un delincuente, y sólo soy un presbítero... Jamás he dañado a nadie ni he cometido una acción ilícita y esto lo afirmo con la conciencia serena y reposada, bajo la enseñanza de los derechos de Dios y de la Iglesia.

Este es el testimonio del sacerdote Rafael Muñiz López, acusado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en junio de 2009, de delincuencia organizada y pornografía infantil agravada. Su proceso continúa.

Las autoridades comprobaron que desde la parroquia de San Pedro Apóstol, en Jalapa, Veracruz, operó una página de Internet que distribuía a diversos estados del país imágenes y videos de sexo explícito entre adultos y menores, algunos de ellos recién nacidos, según consta en el expediente del caso.

En marzo de 2009 la PGJDF recibió denuncias anónimas sobre el sitio de Internet que operaba el religioso. Peritos en computación y en cibernética ini- ciaron la investigación a partir de correos electrónicos que les hicieron llegar, los cuales los condujeron hasta la casa parroquial del sacerdote a quien, al momento de su detención, incautaron equipo de cómputo y discos con material pornográfico.

Sin embargo, una suspensión concedida por el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, revierte el auto de formal prisión que originalmente le dictó el juzgado 44 del Reclusorio Norte por el delito de delincuencia organizada, lo cual le permitió obtener la libertad bajo caución, de la cual aún goza.

Pagó dos garantías para su excarcelación: una por 15 mil pesos y otra por 43 mil, con la obligación de presentarse en el citado juzgado a firmar todos los lunes.

Muñiz López ha sido defendido en todo momento por el obispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, quien insiste en la inocencia del cura y respalda su estrategia de defensa jurídica.

Sabemos que la policía del Distrito Federal entró al estado (Veracruz) sin autorización. Confiscaron máquinas sin orden de cateo, al padre lo aprehendieron en la calle y a su hermano (Francisco Javier) cuando fue a verlo, señaló el prelado tras la aprehensión del inculpado, a pesar de que la PGJDF –según Guillermina Bernabé, fiscal encargada del caso– entregó oficios de colaboración en Veracruz, Aguascalientes, Puebla y Yucatán para lograr la detención del sacerdote y de cinco personas más involucradas en los hechos.

Un recurso de revisión más uno de apelación interpuestos por la procuraduría contra las resoluciones que le otorgaron libertad bajo caución al cura, hicieron que el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito acreditara los cargos contra Muñiz López. Y al titular del juzgado que determinó retirarle la acusación de delincuencia organizada, bajo el argumento de que almacenaba, pero no distribuía pornografía, se le inició un procedimiento de queja por excederse en el cumplimiento de su resolución.

La fiscal Guillermina Bernabé señaló que hay pruebas sólidas de la culpabilidad del ministro de culto. Hasta este momento la defensa no ha ofrecido ningún argumento que desvirtúe la imputación que formuló la procuraduría, postura que se ha defendido a escala local y en las instancias federales y que, afortunadamente, hasta ahora ha tenido buenos resultados.

Además, resaltó, el dictamen de sicología criminal que se le practicó al sacerdote, concluyó que tiene las características de un pedófilo, aunque no se ha comprobado que haya incurrido en esa práctica. Más aún, resaltó la fiscal, el sobrenombre de Lobo siberiano, que utilizó para operar su red de pornografía infantil, tiene como significado depredador de mujeres y niños.

Guillermina Bernabé informó que ya se declaró cerrada la instrucción y se están formulando las conclusiones del caso, para dar paso a las sentencias contra las seis personas a las cuales se les sigue proceso, particularmente Muñiz López.

Podrían aumentar las denuncias contra sacerdotes, anticipa la PGJDF Alfredo DomínguezFoto Alfredo Domínguez

Advirtió que por el delito de pornografía infantil, el sacerdote podría alcanzar una pena de entre siete y 14 años, y por delincuencia organizada, de cinco a 10 años.

La fiscal confió que este asunto pueda ser el detonador para que la gente hable, porque sobre sacerdotes teníamos casos de robos, de algún abuso sexual relacionado con adultos, pero nos faltan muchas denuncias (sobre delitos sexuales). Probablemente muchos estén encubiertos, afirmó.

No corre la misma suerte otro caso que la procuraduría capitalina mantiene abierto en juzgados del Reclusorio Oriente contra otro cura. Se trata de Carlos López Valdés, acusado de violación y corrupción de menores, en agravio de Jesús Romero Colín, quien en 1994 era su monaguillo en la iglesia San Agustín, en el centro de Tlalpan.

La PGJDF comenzó la indagatoria en 1998, pero no ha encontrado la manera de acreditar los delitos. Y conforme pasa el tiempo se diluye la posibilidad de demostrarlos, porque, para el caso de violación, no hay pruebas médicas que sustenten el dicho de quien lo acusa. Así que el asunto está en artículo 36. Es decir, afirmó la fiscal Guillermina Bernabé, faltan diligencias para que se acredite la violación y corrupción de menores, y el señor sigue en libertad.

Romero Colín entregó a la procuraduría un paquete de fotografías que obtuvo de la computadora del sacerdote, cuando decidió abandonar la casa parroquial donde durante seis años fue vejado, pero las imágenes no son prueba fehaciente para demostrar un delito.

En varias de ellas, el sacerdote aparece desnudo. En una, recostado en un sofá, despeinado, con una leve sonrisa, una pulsera adornando su tobillo derecho y con el crucifijo sobre su espalda y la cadena cayéndole sobre el pecho. En otra, también sin ropa, de hinojos en un reclinatorio, con los atuendos propios de un sacerdote a su lado.

Fuentes de la arquidiócesis de México informaron que sin permiso celebra misas en funerarias del Distrito Federal.

El Colegio de Abogados Católicos, que preside Armando Martínez, se encarga de la defensa de varios casos de religiosos acusados de incurrir en diversos ilícitos. Entre sus defendidos está el cura José Carlos Contreras Rodríguez, detenido en 2009 como presunto responsable de la violación y asesinato de la joven Itzachel Shantal González López, de 16 años, ocurridos en un salón del Instituto Salesiano Carlos Gómez, de San Luis Potosí, en octubre de 2007.

Campaña mediática

De acuerdo con la defensa, el 10 de octubre del año pasado se giró injustificadamente una orden de aprehensión contra el religioso, quien voluntariamente se entregó a las autoridades para demostrar su inocencia. Sin embargo, al término de las 72 horas de su detención le fue decretado el auto de formal prisión.

El proceso contra el sacerdote continúa en el juzgado sexto de lo penal del estado, y Armando Martínez exige un juicio justo para el inculpado. Su agrupación amplía la campaña de defensa en redes sociales e Internet, por medio de la página www.padreinocente.net, con la leyenda “únete, Dios te escuchará…”

Allí se convoca a orar por la libertad del sacerdote, que alega haber estado en un lugar ajeno (la casa Salesiana) al salón donde ocurrió el ataque a la joven.

Nunca reconoceré los delitos que me atribuyen, porque soy absoluta y totalmente inocente y lo mantengo ante Dios, supremo juez; ante mi querida y amada Iglesia católica; ante mi muy querida y amada congregación salesiana; ante todo el clero diocesano, órdenes de religiosos y religiosas; ante toda la feligresía católica potosina, y ante toda la sociedad en general, dice la leyenda, parte de la campaña en favor de José Carlos Contreras Rodríguez.