San Cristóbal de las Casas, Chis. 11 de abril. Los grupos oficialistas del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) han amenazado, según versiones de ejidatarios de la otra campaña, con agarrar a los defensores de derechos humanos y a las personas que acudan de manera solidaria. Si bien los abogados de los cinco indígenas presos no han dejado de realizar su trabajo, es un hecho que lo hacen bajo riesgo. No hace mucho, defensores de la costa chiapaneca fueron encarcelados en ejercicio de su labor.

Esto es extensivo a los observadores civiles y de la otra campaña, a la prensa tanto alternativa como comercial, y potencialmente a los propios turistas que tanto se ensalza oficialmente y que acuden en gran número al balneario; más ahora, que se aproxima un periodo vacacional. Las amenazas se justifican con el argumento de que esos extranjeros serían los causantes del problema.

Amenazas similares han circulado en tiempos recientes en Mitzitón, otra comunidad de la otra campaña que resiste los proyectos carreteros y turísticos del gobierno y los inversionistas privados. En Bachajón se reproducen dentro de la actual ocupación policiaca de algunos parajes, que se inició el 2 de febrero y recrudeció el 8 del presente, con la intervención de centenares de policías y militares para volver a tomar la caseta de acceso turístico en San Sebastián –fugazmente recuperada la víspera por los ejidatarios de la otra campaña, que la construyeron– a las cascadas del vecino ejido Agua Azul (Tumbalá), que también cuenta con su caseta.

En diversos conflictos o problemas comunitarios en curso, relacionados con bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o de la otra campaña, destaca un patrón, tanto en la hostilidad y agresión de los grupos oficialistas hacia los autónomos como en la clara intervención estatal, sea de carácter represivo o bien de política social.

La estrategia contrainsurgente no es nueva, simplemente evoluciona y se hace aún más evidente. En San Sebastián se ha observado que los ex adherentes de la otra campaña, que dejaron la resistencia en tiempos recientes, cuentan con privilegios y protección estatal mayor que la dispensada a los grupos de por sí afines al gobierno y los partidos políticos.

Eso explica que, tras su defección, hayan podido ocupar impunemente un rancho en el municipio de Sitalá en enero pasado. Pocas semanas después atacaron con armas de fuego la caseta de la otra campaña, la ocuparon unas horas y la entregaron al gobierno estatal.

Con el nuevo y aplastante operativo policiaco-militar para despojar de la caseta a los ejidatarios tzeltales el fin de semana, volvió a exponerse la connivencia entre los policías y estos ex adherentes, así como miembros del Partido Verde Ecologista de México, al grado de que sirvieron de guías la noche del viernes para ingresar a Agua Azul y para dirigirse la mañana siguiente a San Sebastián, rodearlo y atacar a pedradas a más de medio millar de indígenas que se encontraban en la zona.

La agresión del sábado fue por tres veredas distintas, pero las familias de la otra campaña lograron retirarse a sus poblados, evitando caer en la provocación, como manifestaron el domingo pasado.

Es sabido que en ciertos entornos de la resistencia, como el municipio autónomo de Polhó y las Abejas de Acteal (de la otra campaña), la presión de los programas gubernamentales es fuerte, casi obsesiva. Allí, como en San Andrés o El Bosque, se cotizan alto las deserciones. La Jornada cuenta con testimonios que lo confirman.

Apenas el domingo, la junta de buen gobierno de La Garrucha denunció las amenazas y presiones que reciben sus bases de apoyo en el ejido Cintalapa, quienes podrían ser despojados de sus tierras esta misma semana por no entregar su credencial de elector a los priístas, no solicitar ni aceptar ayuda gubernamental y por enviar a sus hijos a las escuelas autónomas.