El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció la decisión de la corte de apelaciones del noveno circuito de San Francisco, California, de reafirmar la suspensión provisional de la entrada en vigor de diversas disposiciones de la ley SB 1070, la cual criminaliza a los migrantes indocumentados.

La cancillería recordó que el gobierno de México presentó ante dicha instancia un escrito como amigo de la corte (amicus curiae), al cual se sumaron los de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú, para apoyar las acciones judiciales entabladas por el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, con el fin de impugnar la norma SB 1070.

La disposición entró en vigor en julio de 2010, aunque la juez federal Susan Bolton bloqueó provisionalmente partes de la también conocida ley de Arizona, entre ellas que no es delito carecer de documentación que pruebe un estado migratorio legal en ese estado y suspender la prohibición de que trabajadores indocumentados pidan trabajo en las calles.

En un comunicado, la SRE sostuvo que México continuará desplegando todas las medidas necesarias y acudiendo a todas las instancias disponibles para responder de manera firme e inmediata a cualquier violación de los derechos fundamentales de los mexicanos donde quiera que se encuentren e independientemente de su calidad migratoria.