El órgano interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inhabilitó por 10 años a la trabajadora Silvia Ramos, basando su acusación en una búsqueda de Internet en Google, en la cual supuestamente se vincula a esta ingeniera con organizaciones sociales, ambientalistas y sindicales y el EZLN.

Silvia Ramos no tiene ninguna acusación sobre su trabajo en la dependencia, no cometió ningún daño patrimonial. La dependencia la inhabilita durante toda una década para trabajar como servidora pública basándose en una página electrónica y presentando como pruebas para ello “la impresión de las páginas web: archivos de radio bilingüe” y otros actos del EZLN, donde supuestamente estuvo presente la ingeniera.

La película Presunto culpable se queda chica ante la realidad del país, pues ahora los trabajadores de México podrán ser sancionados por los vínculos que dé una búsqueda en Internet, señaló esta trabajadora.

Ingeniera de profesión, Ramos señala que el 4 de septiembre de 1995 fue despedida de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto con 27 trabajadores (el mismo día y a la misma hora) tras haber formado el Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros, ante lo cual presentó demanda laboral por despido injustificado.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, ingresó a trabajar en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como subdirectora de área, donde laboró durante casi 14 años, sin ningún reclamo sobre su desempeño. Sin embargo, el 2 de marzo del año pasado fue notificada de que se había instaurado en su contra un procediiento administrativo por conflicto de intereses.

En los argumentos que se presentaron por escrito señalan que “se encontraron en diversas páginas de Internet publicaciones de escritos y manifiestos de dicha ex servidora pública en contra de Petróleos Mexicanos, lo que se traduce en una presunta deficiencia del servicio prestado e implicó un abuso de su cargo…”

Incluso el órgano interno de control de la Semart fundamenta el supuesto conflicto de intereses en información obtenida en la página http://google.com.mx, sin siquiera considerar que la información publicada en la misma no fuera verdad.

Sospechosamente, el procedimiento en contra de Silvia Ramos se instauró unos días después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó, tras un juicio de 14 años y ocho meses, su reinstalación en Pemex.

No obstante, se echa atrás su regreso a laborar, tomado como pruebas una consulta electrónica, y se le aplica una inhabilitación por una década, lo que, según esta ingeniera, no es más que la criminalización de la protesta y el abuso de la función pública, para acabar con todo intento de organización sindical auténtica en el país.