El primer round entre las empresas telefónicas, que resolverá el pleno de la Suprema Corte, tiene que ver con la facultad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que sus resoluciones sobre las tarifas de interconexión sean definitivas o no.

Los ministros tienen previsto analizar, después de las vacaciones de Semana Santa, una contradicción de tesis entre tribunales colegiados y de circuito sobre este punto, ya que algunos admiten el amparo contra las decisiones de la autoridad y otros lo niegan, indefinición que ha permitido la existencia de innumerables amparos y demandas entre las principales empresas de telecomunicaciones en su provecho.

El asunto es de tal importancia que hay presiones para que algunos de los ministros que han mantenido posturas supuestamente en favor de alguna de las partes implicadas se excusen de participar en la discusión y análisis de este tema. Tal es el caso de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Trascendió que el juzgador analiza la posibilidad de plantearle al pleno no tomar parte en la resolución de la contradicción para no afectar la imagen de imparcialidad de la Suprema Corte, ya que hay versiones de que fue abogado de Telcel.

En fecha próxima el pleno definirá cuáles son los criterios que deben aplicarse con respecto a las resoluciones de la Cofetel sobre la interconexión de terminación conmutada de llamadas locales y de larga distancia nacional e internacional en usuarios móviles bajo las modalidades de el que llama paga nacional; entre concesionarios.

La importancia que tiene el tema para la Suprema Corte es que las disposiciones son de orden público e interés social.

El problema radica en que algunos tribunales consideran que procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión entre empresas telefónicas cuando la autoridad fija las tarifas que regirían entre firmas concesionarias de redes públicas de telecomunicación, hasta que éstas convengan las cuotas aplicables o se emita un pronunciamiento respecto de su discrepancia ante la citada comisión.

La Corte definirá si procede o no la suspensión en el juicio de amparo. Lo cierto es que las suspensiones concedidas a diferentes empresas de telefonía se han traducido en el alargamiento de los juicios y en que, al no acatarse las resoluciones de la Cofetel, se da en los hechos un vacío de autoridad en el sector de la telefonía celular.

Se espera que una vez que el máximo tribunal defina criterios, pase a revisar la serie de amparos que ha admitido, en los que están involucradas, las principales telefónicas como Telcel, Movistar, Iusacell, Radio Móvil Dipsa y Marcatel.