La alianza Televisa-Iusacell para ingresar al mercado de la telefonía móvil, como parte de la guerra entre los llamados gigantes de las telecomunicaciones, es resultado de la ausencia rectora del Estado en política económica y control antimonopólico, pues se optó por privilegiar los intereses políticos de quienes detentan el poder, en perjuicio de la soberanía y los derechos de la gente.

Especialistas en economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señalaron: “no tenemos un Estado fuerte que pueda asumir el embate de las grandes empresas de las telecomunicaciones, como Televisa, Televisión Azteca y el Grupo Carso, que incluye a Teléfonos de México (Telmex) y Telcel, que han construido su poder económico y político gracias a concesiones que, en los hechos, se utilizan como derechos de propiedad.

Federico Novelo, coordinador del departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco, destacó que el embate de Televisa-Televisión Azteca contra el Grupo Carso, de Carlos Slim, es resultado, entre otros factores, de las reformas electorales que prohíben la compra de espacios publicitarios por parte de particulares en procesos electorales, lo que les generará pérdidas y los animó a actuar unificados para acceder a otros mercados monopólicos con ganancias multimillonarias.

En la disputa por el control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico en México, indicó, lo que presenciamos es una disputa de monopolios entre poderes monopólicos, donde el Estado simplemente ha sido omiso en su función de regulación, control sobre un bien de la nación y protección de los derechos de los ciudadanos como consumidores, pues se imponen tarifas, condiciones de accesibilidad al servicio, y una calidad insuficiente a costos muy elevados.

Instalaciones de Televisa Chapultepec. imagen de archivoFoto Marco Peláez

En entrevista por separado, Octavio Ruiz Pineda, profesor de la unidad de posgrado de la Escuela Superior de Economía, enfatizó que ante el poder mediático, económico y político de las empresas televisoras y de telefonía, el Estado no asume su papel rector, lo que tiene impacto directo en la esfera política, pues se ha permitido que un sector de la iniciativa privada mantenga un control sobre bienes de la nación que no se apega a la Constitución.

Somos testigos, agregó, de una competencia de grandes bloques comerciales que no van a permitir la libre competencia. El objetivo es apoderarse del mercado de otro grupo monopólico, pero no hay intención alguna de que esto genere pluralidad en la oferta y, por tanto, mejore calidad y precio en los servicios.

Juan Andrés Godínez, coordinador de la maestría en economía de la UAM-Azcapotzalco, señaló que ante la ausencia de la rectoría del Estado en el mercado de las telecomunicaciones hay un efecto no sólo en la capacidad de aplicar un modelo de política económica, sino en la propia libertad que tiene para realizar estas acciones.