Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara analizar el caso de los mineros muertos en Pasta de Conchos, el gobierno mexicano tuvo dos oportunidades de aclarar su postura sobre el tema, pero nunca lo hizo, y ahora podría enfrentar una nueva demanda que eventualmente llegue hasta la Corte Interamericana.

Lo anterior lo afirmó Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), quien en entrevista con La Jornada explicó el procedimiento legal que condujo a la admisibilidad de la demanda.

Los familiares de las víctimas agotaron todas las instancias legales en México, mediante 30 recursos ante el Poder Judicial, cuya respuesta final es que los demandantes carecían de interés jurídico para llevar el caso a un tribunal, pedir que se cancelara la concesión de la empresa minera o ser coadyuvantes en la investigación.

Una vez recorridos todos los caminos institucionales, en donde fueron combatidos tanto por el gobierno del país como por el Grupo Minero México, la organización Familia Pasta de Conchos decidió acudir ante la CIDH, con el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Pastoral Laboral y el Cereal.

Ante dicho organismo, con sede en la ciudad de Washington, se argumentó que el Estado mexicano había violado el derecho a la vida de los 65 trabajadores que fallecieron, luego de una explosión que los dejó atrapados en una mina carbonífera en San Juan de Sabinas, Coahuila.

El trámite, en el que se pidió la admisibilidad del caso, empezó formalmente el 15 de febrero de 2010, y el organismo respondió el 14 de marzo que ya le había solicitado un informe sobre el tema al gobierno mexicano.

Las autoridades nacionales no respondieron, pero solicitaron una prórroga de 30 días más para hacerlo. Una vez agotado ese nuevo plazo, de nuevo sin contestación, los peticionarios solicitaron formalmente la admisibilidad de la queja, la cual es aprobada, y que obliga al gobierno a contestar el próximo 15 de abril.

La CIDH va a iniciar sus alegatos para agotar todo el proceso legal, y cuando los resuelva, podría mandar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante una sentencia no vinculante, que seguro va a ser rechazada por el gobierno mexicano, señaló.

El equipo jurídico que asesora a Familia Pasta de Conchos no sólo tiene un expediente bien armado, sino que incluso tiene jurisprudencia en muchos casos ocurridos en América Latina, en donde los gobiernos se han visto obligados a buscar restos mortuorios.

El mes entrante, las organizaciones solidarias con las familias de los trabajadores muertos empezarán una campaña internacional en la que denunciarán la falta de compromiso del gobierno en el rescate de los cuerpos, y la alta mortandad por accidente que aún sufren los mineros.