a Conferencia Internacional contra las Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) efectuada en Cancún ha dejado ver la ausencia de criterios claros, de propuestas coherentes y hasta de percepciones precisas por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos en torno al problema del narcotráfico: desde las delirantes afirmaciones de la directora de la agencia antidrogas del gobierno de Washington (DEA), Michele Leonhart, en el sentido de que en su país son los cárteles mexicanos los que controlan la distribución de estupefacientes ilícitos y que los niveles de violencia en el nuestro son síntoma del éxito de la estrategia oficial, hasta el ustedes disculpen formulado por el subsecretario de Estado William R. Brownfield en el sentido de que, hace tres décadas, cuando concibió e impuso a los países de Latinoamérica la estrategia antidrogas en curso, el gobierno estadunidense se equivocó al suponer que el problema del narcotráfico podría ser resuelto rápidamente con una campaña agresiva basada en la mera persecución de los narcotraficantes con las fuerzas del orden, y no fue capaz de ver que el problema tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, de seguridad, diplomáticas, sociales, de salud, educación y aspectos culturales, y si no integramos todos estos elementos en nuestra solución estamos condenados al fracaso.

Son significativos, por otra parte, los virajes del titular del Ejecutivo federal mexicano, Felipe Calderón, quien, en el mismo encuentro, con toda naturalidad expresó como ideas propias los reclamos que múltiples sectores sociales, académicos y políticos han formulado contra su guerra contra el narcotráfico desde que ésta fue declarada: la falta de una percepción integral y de acciones interdisciplinarias, el énfasis en los aspectos meramente represivos del trasiego de drogas y la ausencia de medidas paralelas –educativas y de salud, fiscales, económicas y administrativas– a fin de abordar, enfrentar y resolver el fenómeno tomando en cuenta su complejidad y sus múltiples facetas. Es preocupante, por añadidura, que el gobernante ponga sobre la mesa la disyuntiva entre mantener la prohibición de sustancias sicotrópicas o despenalizarlas, luego de más de cuatro años de negativa rotunda a considerar la segunda posibilidad, y cuando el mantenimiento a rajatabla de las posturas prohibicionistas le ha costado al país cerca de 40 mil muertes. Tras declararse abierto a la crítica, sin embargo, el político michoacano refrendó, en nombre de la protección a los jóvenes, la vía de la persecución policial y militar a las drogas, a su producción, trasiego y comercio.

No deben omitirse, en el marco del debate sobre las formas posibles para enfrentar el narcotráfico, las conclusiones de un documento entregado a los participantes del encuentro de Cancún: los cárteles han incrementado sus márgenes de utilidad gracias al aumento en el precio de la cocaína en Estados Unidos desde 2007. Es paradójico que la directora de la DEA ostente esa subida de precios de la sustancia ilícita como muestra de los resultados de la guerra calderonista a pesar de que ello se traduce en un mayor poderío económico –y, por ende, en más capacidad de fuego y de penetración en las instituciones– por parte de las organizaciones delictivas.

En esta feria de medias verdades, Brownfield comparó la trágica situación actual de Ciudad Juárez con la que se vivía en Chicago en la tercera década del siglo pasado y con la circunstancia por la que atravesó la colombiana Medellín 50 años más tarde. Sin embargo, el funcionario no mencionó que la única manera que encontró el gobierno de su país para acabar con la violencia mafiosa fue despenalizar el consumo y la venta de alcohol, que era sustancia prohibida en Estados Unidos, y cuyo tráfico clandestino hizo posible el poderío de las organizaciones criminales; tampoco dijo que en Colombia la violencia de los cárteles se resolvió con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, un político vinculado a narcotraficantes y paramilitares, como lo ha documentado una dependencia del propio gobierno estadunidense.

En el curso del encuentro realizado en el Caribe mexicano fue posible constatar, en suma, dos cosas exasperantes y alarmantes: por una parte, que el gobierno de México sigue en su línea de combinar reclamos a media voz hacia Washington mientras, al mismo tiempo, mantiene ante las autoridades del país vecino una actitud de sumisión incompatible con los lineamientos constitucionales básicos; por la otra, que ni una ni otra parte tienen, hoy por hoy, una percepción coherente del fenómeno del narcotráfico, y menos una idea precisa y completa de cómo hacerle frente. Mientras tanto, nuestro país sufre nuevas muertes día tras día y hora tras hora, y prosigue su caída hacia nuevas simas de descomposición institucional, desintegración social y degradación humana.