Más de 80 organizaciones reconocieron la resistencia legal y pacífica del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente y exhortaron al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a dejar la estrategia de minimizar la determinación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones –entre las que se encuentran los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro y Fray Bartolome de las Casas– advirtieron que la suspensión de las obras en 38 polígonos forestales que abarcan casi 17 hectáreas y que están repartidos a lo largo de todo el trazo de la supervía constituye una prueba más de la ilegalidad que ha caracterizado al proceso.

Demandaron que se haga valer el estado de derecho frente a la vulneración de la ley por parte del poder público y consideraron que la ejecución de un proyecto que no cumple con los requisitos fijados en la legislación, muestra la falta de voluntad de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para ser garantes de los derechos humanos y vigilar el estricto cumplimiento de las leyes.

En el año reciente las organizaciones han acompañado las acciones de resistencia del Frente Amplio. En diferentes foros se han pronunciado contra el actuar de la administración de Marcelo Ebrard, a quien exhortaron, sin éxito, a que aceptara en su totalidad la recomendación 1/2011 que emitió a finales de enero la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el contexto del aniversario de la emisión de los decretos expropiatarios nos sumamos a las voces de distintos sectores de la vida pública, especialistas, académicos y organizaciones que rechazan la sustentabilidad del proyecto y que han denunciado la carencia de justificaciones técnicas, jurídicas y sociales que sustenten la realización de esta obra.

Otras de las organizaciones firmantes son IMDEC, Cereal, Serpaj, Poder del Consumidor, Cencos, el Centro de Estudios Ecuménicos y la red nacional Todos los derechos para todas y todos.

“También nos expresamos porque los órganos jurisdiccionales que conocen de las controversias relacionadas con la supervía sean un mecanismo efectivo de control y resuelvan conforme a los más altos estándares de protección a los derechos humanos”, señalaron.

En tanto el Frente Amplio organizará el próximo lunes en Casa Lamm la conferencia ¿Es la supervía poniente una obra de interés general?, con el experto Belisario Hernández Romo.