Bogotá, 16 de diciembre. Al menos 6 mil ex paramilitares que han entregado las armas en Colombia reincidieron en delitos, lo que representa 15.5 por ciento del total de personas que entraron a un proceso de desmovilización, reveló este jueves un informe.

Según el documento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, difundido en Internet, la reincidencia de estas personas en la vida criminal representa riesgos para las víctimas del conflicto interno y para el acceso pleno a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

A principios del primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2006), se entabló un proceso de negociación con los grupos paramilitares, denominados Autodefensas Unidas de Colombia. Como resultado de dicho proceso, unas 50 mil personas, entre las cuales había importantes líderes, entregaron las armas para someterse a la justicia colombiana.

En su segunda versión, el Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) atribuyó el problema a la aparición de otros grupos rearmados o reconformados, con frecuente participación y liderazgo de ex jefes paramilitares y desmovilizados marginados del proceso de reintegración.

Las revelaciones surgen a pocos meses de que se cumplan cinco años de implementada la Ley de Justicia y Paz, creada para que los grupos paramilitares y actores armados ilegales, que retornaran a la vida civil, entregaran recursos en beneficio de sus víctimas.

La investigación, del periodo 2009-2010, fue presentada hoy en rueda de prensa por el coordinador del área de DDR, Álvaro Villaraga. Según el funcionario, para realizar el documento se hicieron múltiples reuniones con autoridades locales, la fuerza pública colombiana y en algunos casos, colectivos de desmovilizados.

En este informe del DDR se establecen además las relaciones de integración, cooptación, alianzas y disputas entre estos grupos armados ilegales y delincuenciales en determinados contextos territoriales y en torno a prácticas e intereses asociados a actividades ilegales, indicó Villaraga.