La Paz, 16 de diciembre. La oposición conservadora de Bolivia perdió hoy el control del principal distrito productor de gas natural, en un tenso reacomodo de fuerzas políticas que no parece poner en riesgo las exportaciones del hidrocarburo a Argentina y Brasil.

El gobernador del departamento de Tarija, Mario Cossío, fue suspendido poco antes de la medianoche de ayer, para que enfrente un juicio por corrupción. Fue remplazado horas después por Lino Condori, del oficial Movimiento al Socialismo.

Cossío, electo en abril, levantó una huelga de hambre que duró menos de 24 horas y denunció que es víctima de un golpe del gobierno del presidente Evo Morales, pero éste replicó que la lucha a la corrupción afecta tanto a oficialistas como a opositores.

El relevo dejó en manos del oficialismo las gobernaciones de siete de los nueve departamentos, en tanto que los opositores se mantienen con el control de sólo los orientales Santa Cruz y Beni.

Garantizamos la normalidad de todas las operaciones e instituciones, dijo Condori, antes de que se confirmara el fracaso de un paro de apoyo a Cossío convocado por un comité cívico.

Tras su ayuno, Cossío renunció a impulsar una movilización contra su suspensión y los funcionarios jerárquicos de la gobernación tarijeña dimitieron para dar paso a nuevas autoridades.

La historia podría absolverlo

Una declaración del renunciante secretario de gobierno de Tarija, Edgar Guzmán, aseguró que Cossío no renunció al cargo y por el contrario confiaba en retomarlo al término del juicio.

La historia juzgará a quienes hicieron este golpe de Estado y lo que pedimos es que esta transición sea pacífica, civilizada, que no se genere violencia, dijo Guzmán, según radio Erbol.

El vicepresidente Álvaro García Linera, en un discurso en una región rural, negó que la caída de Cossío fuese consecuencia de un plan gubernamental para eliminar a la oposición política.

No es responsabilidad del gobierno, es la ley que dice que una persona que ha cometido un delito o acto de corrupción ya no puede escudarse como autoridad y tiene que defenderse ante la justicia, afirmó, y recordó que el gobernador tarijeño fue acusado por uno de sus mismos funcionarios.

Añadió que actualmente hay unos 500 funcionarios enjuiciados por corrupción, de ellos unos 40 son del partido de gobierno.

Una ley aprobada a inicios de año, que la oposición criticó, dispuso que las autoridades electas regionales pueden ser suspendidas de sus cargos ante la sola presentación de una acusación formal por parte de un fiscal.