La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) enfrenta varios problemas que han derivado en la lenta tramitación de juicios, lo que ha influido en la percepción negativa que tienen los usuarios del organismo.

De acuerdo con un documento enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su presidente, Ramón Montaño Cuadra, señaló que esta situación es resultado de la limitada infraestructura física y de recursos humanos de la JLCA, pues en los recientes 10 años sólo se han instalado dos juntas especiales sin que las áreas se hayan modificado.

Mientras, la plantilla de personal ha sufrido variaciones marginales. En 2001 había 719 empleados y este año suman 897, lo que representa un incremento promedio anual de 2 por ciento contra un crecimiento anual de la demanda de servicios de más de 10 por ciento, lo cual ha provocado que existan 75 mil expedientes en trámite.

Las herramientas tecnológicas, programas y computadoras, han quedado rezagadas, tanto en cantidad y actualización de los equipos requeridos como en el desarrollo de aplicaciones operativas y de explotación de información, pues el presupuesto en los siete años recientes sólo se ha indexado a la tasa de inflación, con excepción de 2007 y 2008, cuando aumentó 14 y 10 por ciento, respectivamente.

Esta lentitud en los servicios ha generado la imagen entre los usuarios de la JLCA de que es necesario recurrir a prácticas irregulares para solucionar un asunto bien y rápido, lo que ha fomentado la presencia de grupos de coyotes que los timan y entorpecen el flujo normal de las operaciones del organismo, con la complicidad de algunos servidores públicos deshonestos, señaló Montaño Cuadra.

A ello se suman los pocos recursos con que cuentan las áreas dedicadas a tramitar los exhortos y paraprocesales, lo que arroja un desempeño deficiente, precisó en el documento enviado al órgano legislativo para justificar la solicitud de un presupuesto para el próximo año de 386 millones 61 mil 143.91 pesos, que significa 23 por ciento más en comparación con 2010.

No nos queda más que confiar en que los diputados entiendan que llegó la hora de que el tribunal que recibe más demandas en el país crezca, para beneficio de los capitalinos y acabar con prácticas deshonestas, afirmó.