La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) consideró que el reciente carpetazo que dio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido es lamentable e ilegal.

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD y ex coadyuvante de la procuraduría capitalina en esta indagatoria cuestionó la ratificación ministerial respecto de que la abogada se suicidó, pues, dijo, los fiscales llegaron a esa decisión sin haber desahogado la declaración del cacique guerrerense, Rogaciano Alba Álvarez, quien según diversos testigos habría ordenado el homicidio de la defensora de derechos humanos.

En entrevista con La Jornada, el litigante, quien encabeza una de las organizaciones de abogados de corte progresista de mayor prestigio en el país, refirió que los familiares de Digna Ochoa están legitimados para pedir un amparo de la justicia federal, a fin de que un juez ordene a los fiscales que por segunda ocasión se reabran las pesquisas y se pueda tomar la declaración de Alba Álvarez, preso por sus presuntos vínculos con el cártel de La Familia.

A decir de Fuentes Muñiz, la PGJDF no desahogó todas las evidencias que aportaron los familiares de Ochoa y Plácido –con el apoyo de peritos contratados por ellos–, las cuales conducían a indicios sobre el presunto homicidio de la abogada, quien murió en su despacho el 19 de octubre de 2001.

No entendemos por qué la PGJDF se negó a avalar diversos peritajes que aportan evidencia de que el suicidio no era la teoría criminalística más adecuada para llegar a la verdad histórica de los hechos, refirió Fuentes Muñiz.

Añadió que diversos peritajes que se aportaron en su momento demostraron que hubo un desorden atípico en el lugar en que murió Digna; no sabemos, además, porqué no se tomaron en consideración una serie de peritajes químicos de la pistola con que supuestamente se suicidó, y que la mano de la abogada no estaba marcada como si ella hubiera disparado, a pesar de que luego se demostró que esa pistola sí deja rastros de pólvora.

Sobre el tema de Rogaciano Alba, quien al ser detenido por sus presuntos vínculos con narcotraficantes rechazó ante autoridades de la Policía Federal que fuera responsable de la muerte de Digna Ochoa, el presidente de la ANAD sostuvo que la PGJDF está obligada a tomar la declaración ministerial al cacique guerrerense, lo que no ha ocurrido.

Aunque Rogaciano niegue su responsabilidad en la muerte de Digna Ochoa y Plácido, la PGJDF tiene en su poder una serie de declaraciones de testigos que aseguran que el sujeto detenido la mandó asesinar, y eso tiene que ser investigado; para ello se requiere interrogar a este sujeto, indicó Fuentes Muñiz.

Recordó que en diciembre de 2008, Javier Torres, testigo central de la PGJDF, cuya declaración permitió reabrir las pesquisas sobre la muerte de la abogada Ochoa, fue levantado en la región de Petatlán y apareció golpeado varios días después.

Javier declaró que mientras fue secuestrado le robaron la declaración que presentó ante el Ministerio Público capitalino, en la que vinculó a Rogaciano con la muerte de Digna, expuso Fuentes Muñiz.

Hace dos años, los campesinos guerrerenses Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres Rosas acudieron a la procuraduría capitalina para confirmar lo que el 14 de marzo de 2007 Javier dijo a La Jornada Guerrero: “Rogaciano Alba ordenó a sus pistoleros Modesto Acosta; Nicolás Martínez, El Cuarentón, y Daniel Bautista, El Mocho, ejecutar a Digna Ochoa”, y que había sido Nicolás quien disparó a la abogada.