Chihuahua, Chih., 30 de julio. La activista y defensora de derechos humanos en Ciudad Juárez, Emilia González de Sandoval fue citada por autoridades del Ejército para presentarse en las instalaciones del Campo Militar 5 en esa ciudad, y declarar sobre la denuncia que interpuso por la desaparición forzada de los hermanos Rocío, José Ángel y Nitza Paola Alvarado Reyes.

La denuncia quedó asentada en la averiguación previa GN/CDJUAREZ/086/10 que lleva a cabo la agencia de Ministerio Público Militar, en la cual se asienta que los hermanos Alvarado Reyes desaparecieron en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, localizado a unos 250 kilómetros de la capital, en el noroeste del estado.

La defensora de derechos humanos juarense dijo que está siendo hostigada por el Ejército, luego de haber recibido un citatorio el 27 de julio pasado en su domicilio, el cual fue entregado por 10 soldados.

Relató que los militares tomaron fotografías de su vivienda, del fraccionamiento privado donde habita, del exterior de las bardas y la caseta de vigilancia.

González de Sandoval informó que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que lleva el caso de los hermanos Alvarado, desaparecidos a finales de diciembre de 2009, cuando hombres armados, vestidos con uniformes militares detuvieron a Rocío y José Ángel cuando circulaban en una camioneta de su propiedad, y los condujeron a la vivienda familiar, de donde también se llevaron a Nitza Paola, todo en presencia de la madre de ellos y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

La desaparición de los hermanos fue denunciada en diferentes foros sin resultados hasta el momento; incluso, en las dos visitas que realizó el presidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez, en la mesa de derechos humanos se reiteró la demanda para que los tres sean presentados con vida.

González de Sandoval es una de las defensoras de derechos humanos con mayor trayectoria en la entidad. Es fundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC y durante años ha manejado casos de abusos de militares contra la población civil en la sierra Tarahumara y diferentes regiones de la entidad.

En enero pasado se hizo cargo de la denuncia por la desaparición de los integrantes de la familia Alvarado, llevó el caso a diferentes instancias, entre ellas la CIDH, organismo que al no haber obtenido respuesta alguna del Estado mexicano en las diferentes gestiones realizadas, envió una carta a las autoridades federales para que se amplíe la protección de los activistas de derechos humanos que están dando seguimiento al asunto.

En lugar de que las autoridades militares atiendan las solicitudes de la CIDH envían citatorios a los activistas que hemos estado trabajando en el caso, denunció González de Sandoval.