La organización yucateca Indignación alertó sobre la falta de garantías para que los pueblos mayas del estado elijan sus autoridades, lo cual representa una forma grave de discriminación.

Según la ONG, las principales instancias que omiten ejercer sus facultades para resolver este problema son el Congreso local y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), quienes han validado la imposición de funcionarios que hacen los alcaldes desde hace muchos años.

Para revertir estas condiciones negativas, Indignación comenzó hace unas semanas la campaña En mi pueblo manda el pueblo, mediante la cual ha llevado información a diversas localidades del estado sobre los derechos políticos de la gente, especialmente los relativos a la forma en que pueden elegir a sus representantes, sin injerencia de ninguna otra autoridad.

El proyecto comenzó en la localidad de Kimbilá, municipio de Izamal, pues ahí los pobladores se organizaron para defender a la comisaria por la que habían votado, una indígena maya que no era del agrado del edil, y quien durante un tiempo fue separada ilegalmente de su cargo, explicó en entrevista Randy Soberanes, activista de Indignación.

La gente se enfureció y tomó la sede de gobierno, por eso el alcalde y el Ipepac debieron doblegarse. Creemos que hay muchas comunidades como Kimbilá, y por eso las hemos recorrido para decirles que tienen garantías, que desde 2005 se modificó la ley y ahora los alcaldes no pueden imponerles a nadie, como ha pasado durante décadas.

Una muestra de que la gente ya ha adquirido mayor conciencia sobre sus derechos ocurrió en la comunidad de Coahuila, municipio de Maxcanú, donde por tres años hubo dos comisarios: uno designado por el alcalde, y otro legítimo, nombrado por el pueblo.

Nos hemos encontrado con una discriminación terrible contra los comisarios, a quienes incluso califican como auxiliares del alcalde, cuando en realidad tienen una autoridad muy valiosa, y representan a la gente de su comunidad, afirmó Soberanes.

Si este fenómeno no ha sido detenido es en gran medida por la falta de acción del Congreso local y del Ipepac, agregó el activista.

Indignación es un colectivo de defensa de los derechos humanos que trabaja desde mayo de 1991 en Yucatán, en colaboración con otros grupos, entre ellos algunos religiosos progresistas.