En la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, las violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos siguen cometiéndose como práctica sistemática y arraigada de fuerzas policiacas y militares, que se traducen en privación ilegal de la libertad y actos de discriminación, entre otras, lo cual demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo las obligaciones contraídas en diversos instrumentos internacionales y el respeto a las garantías consagradas en la Constitución.

Al presentar el informe Derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI, organizaciones no gubernamentales detallaron que en dicho inmueble, que el gobierno anterior calificó de modelo porque cumplía los más altos estándares en tecnología, protección a derechos humanos y atención a las personas, también se documentaron atropellos a las garantías a la salud y la alimentación.

En la investigación, basada entre otras cosas en entrevistas a 304 detenidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova documentó que la mayoría de esa población son menores de edad, quienes se internaron en territorio nacional sin compañía, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Melissa Vértiz, de la agrupación, explicó que hay presencia mayoritaria (90 por ciento) de originarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el 10 restante se compone de gente de otras nacionalidades: cubana, brasileña, dominicana y africana.

Denunció que durante la realización del informe –de junio a agosto del año pasado– fue sorprendente y grave haber detectado que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a dos mexicanos junto con migrantes, quienes fueron privados de su libertad, según los afectados, por parecer guatemaltecos.

Se trató de un claro caso de privación ilegal de la libertad, causada además por prejuicios discriminatorios, sostuvo.

El documento, comentado por Édgar Cortez, de la red Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que la mayoría de las detenciones las realizaron efectivos del Ejército y de la policías Federal, Preventiva, Estatal y Municipal, así como elementos del INM.

La escasa claridad de la norma mexicana sobre los alcances de las colaboraciones solicitadas por el INM a otras corporaciones de seguridad pública para la detención de migrantes abre la posibilidad a abusos y violaciones, debido, entre otras cosas, a la poca sensibilidad, capacitación y conocimiento en la materia.

El estudio destaca que 60 por ciento no habían recibido visita médica tras ingresar a la estación; 20 por ciento dormían en el piso, sin colchonetas ni cobijas, a pesar de estar disponibles; 68 por ciento afirmaron no haber comparecido ante autoridades del INM; 80 por ciento declararon que no obtuvieron información sobre sus derechos al momento de ser detenidos, y 90 por ciento no contaron con abogado al momento de declarar.