En un contexto en el que se acentúan conflictos agrarios en Chiapas contra comunidades de la otra campaña y de bases de apoyo zapatistas, con frecuencia artificiales, en declaraciones oficiales, notas de prensa y acciones policiacas se manifiesta una creciente criminalización de la lucha social no afín al gobierno estatal, que incluye a organizaciones independientes, defensores de derechos humanos y la Iglesia católica local.

En sincronía con este escenario, Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en el país, declaró este miércoles que es importante trabajar en conjunto en la frontera del sur de México para controlar el tráfico de armas que vienen de América central.

Las declaraciones del representante de Washington (quien habló de cooperación y aseveró que el narcotráfico amenaza el hemisferio completo) siguen a recientes informaciones, muy publicitadas por la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), sobre algunos decomisos de armas en la entidad. Sólo uno de ellos cerca de la frontera con Guatemala. No obstante que está ampliamente documentado que el mayor trasiego de armas por tierra en el continente sucede de Estados Unidos a México, el embajador se refirió sólo a la frontera sur.

Un par de decomisos en Chiapas (en Frontera Comalapa y Chenalhó) no hacen verano. Ambos fueron atribuídos, por cierto, no al crimen organizado, sino a curas y catequistas presuntamente subversivos, que estarían preparando un estallido social en 2010. Las expresiones de la PGJE coinciden con la reiterada mención de dicho estallido en declaraciones públicas del secretario de Gobierno, Noé Castañón León.

Todo ello permite prever, con base en la experiencia general del país, que la llamada guerra contra el narcotráfico se agregaría (no lo ha hecho aún) a la vasta militarización del Chiapas indígena desde 1995, donde se mantiene la ocupación castrense de comunidades y regiones enteras, en torno a los municipios autónomos zapatistas y sus caracoles.

Ahí se desarrolla una sostenida guerra de baja intensidad, con componentes militares, económicos, de clientelismo político y proselitismo religioso, en particular evangélico.

Las acusaciones han alcanzado a la organización pacifista Las Abejas. A esta incumbe la inminente liberación de una veintena de paramilitares presos por la masacre de Acteal. Según La Voz de los Mártires, que representa legalmente a los presos: La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría dictar la libertad de entre 20 y 22 evangélicos más, acusados desde hace casi 12 años injustamente de haber participado en la masacre de 45 indígenas.

Tras sostener lo anterior, Óscar Moha, representante del grupo, cita a Estela Pérez, vocera de un plantón de los familiares, admitiendo: Hay 4 personas que se han declarado culpables, pero interpusieron un amparo, así que es probable que también sean dejados en libertad. La mujer añadió, según el abogado, “que están en pláticas con senadores de los tres principales partidos políticos del país para que se forme una ‘mesa de reconciliación’, toda vez que los 20 sujetos evangélicos puestos en libertad temen agresiones en su contra por la serie de declaraciones en donde se les señala como ‘paramilitares’”.

Se intenta, prosigue, que representantes del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional puedan enviar representantes a Chiapas y tener contacto con las partes en conflicto para llegar a acuerdos que permitan el pacífico regreso de los excarcelados a sus lugares de origen. Esto, en una entidad donde se suspendieron las elecciones intermedias de 2010; por acuerdo de los mismos partidos políticos y el gobierno estatal, los diputados locales permanecerán en el cargo dos años más.