Juristas y antropólogos forenses de talla internacional, como el español Carlos Castresana, el estadunidense Clyde Snow y la argentina Mercedes Doretti –participantes en procesos judiciales emblemáticos de crímenes de lesa humanidad como las guerras sucias de Argentina, Guatemala, El Salvador y la antigua Yugoslavia– presentarán peritajes y opiniones jurídicas contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso conocido como Campo Algodonero, relacionado con el feminicidio en Ciudad Juárez.

En fases previas del proceso que presentó la Comisión Interamericana ante la Corte, y que sesionará en audiencia pública los días 27 y 28 de abril en Santiago de Chile, el gobierno mexicano objetó la participación de estos especialistas, pero la presidenta del tribunal del sistema de la OEA, Cecilia Medina Quiroga, desestimó y rechazó las quejas de los representantes oficiales y resolvió escuchar y aceptar sus aportaciones, que reforzarán la denuncia de las madres de Esmeralda Herrera (14 años), Claudia Ivette González (20 años) y Laura Berenice Ramos (17 años), cuyos cuerpos ultrajados y mutilados fueron encontrados hace ocho años en un predio de la ciudad fronteriza.

El texano Clyde Snow, de 81 años, es considerado el padre de la antropología forense. Formó los equipos de expertos comprometidos con los derechos humanos de Argentina y Guatemala. Muy temprano en su carrera, participó en los peritajes del asesinato de John F. Kennedy. Presidió, junto con Mercedes Doretti, el Equipo Argentino de Antropología Forense que fue invitado en junio de 2004 por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (no gubernamental) y la oficial Comisión para la Erradicación de la Violencia a trabajar en la identificación de 40 cuerpos de jóvenes asesinadas que yacían desde hacía años en las morgues de la ciudad sin ser identificadas. El grupo permitió establecer la identidad de una treintena de cuerpos.

Clyde y Doretti fueron convocados por la CIDH para asistir a la audiencia pública de la Corte Interamericana. El gobierno chihuahuense objetó esta segunda participación argumentando que la especialista fue contratada por el Estado para participar como parte de la segunda fase de las averiguaciones previas y no puede revelar la información que está a su alcance sin autorización del gobierno estatal. Por la misma razón el Estado también objetó al testigo Óscar Máynez, jefe de Servicios Periciales en el momento en el que se hicieron las diligencias previas, así como a Julia Monárrez, quien realizó un estudio sobre el caso a solicitud de la Secretaría de Gobernación.

La presidencia de la comisión rechazó el alegato de confidencialidad obligada y aceptará que los expertos propuestos por las víctimas presenten sus opiniones y testimonios.

La representación oficial también pretendió limitar el contenido de los testimonios que brindarán las madres de las jóvenes, Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, por considerar que sus declaraciones en la audiencia pública puedan versar sobre asuntos ya conocidos y reconocidos por las autoridades. La Corte tampoco avaló esa limitación.

Por parte del Estado acudirá como testigo, entre otros, Victoria Caraveo, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Las víctimas la objetaron, pues la ex funcionaria había incurrido en amenazas de demandar a las organizaciones de derechos humanos de Ciudad Juárez por “desprestigiar a la ciudad con sus denuncias de feminicidios”. Asisten también la procuradora estatal Patricia González, la directora de Atención a Víctimas de la subprocuraduría de la Zona Norte, Mara Galindo López –ex agente del Ministerio Público en el tiempo en el que se dieron los homicidios juzgados. Según las víctimas, ella tuvo un papel clave en la integración y pérdida de expedientes, en la asignación de identidades de los cuerpos y en la obstrucción para el acceso a la documentación del caso.