n una conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que hasta el momento se han registrado en el país 81 muertes probablemente relacionadas con el brote del nuevo virus de influenza porcina –identificado el pasado viernes– y señaló que se encuentran internados unos mil 300 pacientes con los síntomas de esta enfermedad. Ante ello, anunció que las actividades escolares de todos los niveles, así como los servicios de guarderías, se suspenderán hasta el próximo 6 de mayo en el Distrito Federal, el estado de México y San Luis Potosí, entidad esta última en la que se han contabilizado cinco muertes vinculadas con la gripe porcina. Durante la misma reunión, el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, informó que no se suspenderán las actividades productivas en el país frente al brote de influenza.

Además del aspecto estrictamente sanitario, la presente emergencia tiene una inocultable dimensión económica, y es obligado señalar que el objetivo del gobierno federal de no parar las actividades productivas en las zonas afectadas por el virus se enfrentará al temor y la incertidumbre que acusan amplios sectores de la población. En un momento en que México padece los efectos de una grave crisis financiera de escala planetaria, la reactivación de la economía y el mercado internos se presenta como medida por demás necesaria. Este objetivo, sin embargo, se complica cuando los habitantes de la capital y los municipios conurbados –zona donde buena parte de la actividad económica se concentra en el comercio y los servicios– se resisten a salir a la calle ante el temor de contraer la enfermedad.

Es claro, por lo demás, que la crisis sanitaria que hoy se vive en México y en algunas regiones de Estados Unidos constituye en sí misma un factor de riesgo para la economía nacional y mundial: vale la pena recordar las estimaciones realizadas el año pasado por el Banco Mundial, en el sentido de que una pandemia de influenza significaría la pérdida de unos tres billones de dólares y redundaría en una caída cercana a 5 por ciento del producto interno bruto global. Las autoridades del país deberán tener estas consideraciones en mente y encontrar una manera de equilibrar las medidas adoptadas para solucionar la emergencia sanitaria con la necesidad de alentar el crecimiento económico.

En otro orden de ideas, no puede dejar de advertirse que el decreto emitido ayer mismo por el Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación –que, entre otras cosas, faculta a las autoridades sanitarias para aislar a a los posibles infectados por el virus de la influenza porcina y a ingresar a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia– pudiera tener efectos contraproducentes en los ámbitos político y social. Nadie puede negar la pertinencia de que en una situación de emergencia como la presente las autoridades adopten medidas orientadas a llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente, sobre todo cuando está en juego la salud de la población. No obstante, esto no puede ni debe pasar por medidas que, en caso de no ser manejadas con la transparencia y el cuidado que se requiere, pudieran provocar un comprensible descontento entre la población e incluso redundar en acciones violatorias de los derechos y las libertades ciudadanas.

En suma, la actual emergencia sanitaria plantea la necesidad de que las autoridades de todos los niveles de gobierno exhiban sensibilidad, mesura e inteligencia, así como comprensión cabal de todas las dimensiones y de los impactos de la problemática que se enfrenta, y que actúen en consecuencia.