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Presentación
Bazar de asombros
HUGO GUTIÉRREZ VEGA
¿Qué es la privatización?
Los “fierros” y la privatización JORGE EDUARDO NAVARRETE
El agravio LUIS JAVIER GARRIDO
Algunos de los retrocesos Petroleros ANTONIO GERSHENSON
La renovación de PEMEX ARNALDO CÓRDOVA
Inmoralidad de la privatización LAURA ESQUIVEL
PEMEX y la justicia CARLOS PELLICER LÓPEZ
El petróleo es la sangre de México
El corazón de la disputa LORENZO MEYER
PEMEX ELENA PONIATOWSKA
La privatización de PEMEX: Un crimen de lesa Patria GRUPO SUR
Calderón y su contrarreforma LUIS LINARES ZAPATA
Conversando con Rafael Escalona
MARCO ANTONIO CAMPOS
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LOS “FIERROS” Y LA PRIVATIZACIÓN
JORGE EDUARDO NAVARRETE
Uno de los ejes del lamentable discurso del régimen calderoniano sobre el petróleo es negar, contra toda evidencia, la intención privatizadora. Ante las denuncias de ésta, se responde: nadie ha hablado de privatización, nadie ha propuesto vender PEMEX, la privatización es un mito, un espectro que se maneja para politizar y desprestigiar una política orientada a fortalecer PEMEX, que seguirá siendo una empresa mexicana sujeta a la rectoría del Estado. Una de las versiones más primitivas y caricaturescas de este discurso corrió a cargo del señor Juan Camilo Mouriño, quien conoce PEMEX por los negocios que sus empresas han realizado con el organismo, que afirmó que el proyecto del gobierno “no representa la venta de ningún fierro” de la paraestatal. (La Jornada, 5 de abril de 2008, p 6.) No se venderán los fierros, por tanto, no se privatizará.
Ya se ha hecho notar que esta argumentación es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Es claro que no se desea vender PEMEX, entre otras buenas razones porque sería sumamente difícil encontrar a alguien dispuesto a comprarlo si lo que se venden son sus instalaciones de extracción, transporte, refinación y procesamiento –sus fierros, como dijo Mouriño– pero no sus derechos exclusivos de acceso a los depósitos y reservas de hidrocarburos de la nación. Si desearan vender “los fierros”, el “diágnostico” que se hubiera presentado a los posibles adquirentes sería el opuesto al que decidieron divulgar.
El diagnóstico presentado no se encamina a vender PEMEX sino a convencer a sus dueños –los mexicanos– de que es necesario permitir que “se haga acompañar” por otras empresas –sin decir que éstas son necesariamente extranjeras– para ayudarle a explotar los recursos petroleros, en especial los yacimientos en aguas profundas, y apropiarse de parte de ellos y de parte de la renta generada por su extracción. Sin necesidad de comprar los fierros, las empresas acompañantes disfrutarían del acceso a recursos que, por disposición constitucional, deben ser explotados en exclusividad por Petróleos Mexicanos.
Es esto lo que debe enfatizarse: privatizar es vulnerar la exclusividad de PEMEX en la explotación del petróleo; privatizar es permitir que otras empresas se apropien de parte de los recursos extraídos y que obtengan derechos en su favor sobre los recursos del subsuelo, que constituyen las reservas; privatizar es multiplicar el número de agentes económicos privados –nacionales o extranjeros– que participan en el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos que la Constitución reserva en exclusiva a la nación, a través de PEMEX.
Adviértase, por otra parte, que el discurso del régimen insiste en que PEMEX seguirá siendo una empresa mexicana, sujeta a la rectoría del Estado. En lo que no se insiste es en que la propiedad del organismo siga siendo sólo de la nación. Se ha hablado, con imprecisión, de diversas formas de participación privada en la propiedad de Pemex: desde la emisión de acciones que se colocarían en los mercados hasta participaciones minoritarias de otras empresas en el capital del organismo. Con la bandera de la “rectoría del Estado” se intenta ocultar la intención de que PEMEX deje de ser un organismo propiedad exclusiva de la nación, para convertirse en una empresa, como cualquier otra, sujeta a la rectoría del Estado.
Los mexicanos sabemos bien, con la experiencia, por ejemplo, de la operación del sistema bancario, lo “eficaz” que puede ser la rectoría del Estado para defender la propiedad nacional de un sector estratégico y para regular su funcionamiento en beneficio de la colectividad. Algo similar se quiere que ocurra en PEMEX.
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