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PortadaIntroducciónLa bioseguridad en México: del trabajo legislativo al Manifiesto por la Protección del Maíz
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Actores sociales y controversias en la ingeniería genética agrícola: el caso del maíz transgénico en MéxicoMaría de Lourdes Sánchez Gutiérrez Investigadora del CIECAS-IPN, Doctorante en sociología, En México la ingeniería genética agrícola (IGA) no ha logrado total aceptación debido a los riesgos sociales, ambientales y de salud que podrían generar sus productos. Poco se conoce sobre estos riesgos, lo que ha suscitado un debate polarizado entre diferentes actores sociales. Lo anterior es evidente en el caso del maíz transgénico. Aquí cabe aclarar que distinguimos ingeniería genética agrícola de agro-biotecnología, pues la primera implica técnicas de laboratorio para manipular los genes, mientras que la agro-biotecnología comprende técnicas como el cultivo de tejidos o los bioinsecticidas y biofertilizantes, en las que no hay manipulación genética con técnicas de laboratorio
Entre los actores involucrados en la IGA en México podemos identificar: a los interesados o favorecidos por la implementación de transgénicos:
Las trasnacionales invierten millones de dólares en investigar y vender transgénicos y aseguran que sus productos salvarán del hambre a millones de personas al permitir el desarrollo de fáciles y rápidas cosechas. Argumentan que no hay datos concluyentes para demostrar que dañen la salud y el ambiente. Estas empresas tienen la capacidad de integrar un gran número de actividades importantes para el desarrollo de tecnologías agroindustriales. Las innovaciones deben ser rentables y susceptibles de ser apropiadas a través de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) o por sistemas de protección tecnológica. Monsanto, Novartis y Dupont controlan el 75 por ciento de las patentes agro-biotecnológicas existentes. Hasta la década de los noventa, el 32 por ciento del mercado de semillas comerciales y todo el mercado de semillas genéticamente modificadas (transgénicas) estaba controlado por diez empresas trasnacionales, entre las que destacan: Monsanto (líder mundial en la fabricación de tales semillas), Du Pont/Pionner y Calgene (esta última propiedad de Monsanto). Mientras que Cargill y Continental controlan el mercado agroquímico y plagucidas en el mundo. A finales de 1998, Cargill, la mayor de estas empresas, compró Continental, convirtiéndose en la principal filial de comercio en grano. Actualmente, las principales transnacionales biotecnológicas son Monsanto, Syngenta (antes Novartis), Dupont (al que pertenece Híbridos Pioneer), Bayer Crop Science y Dow. Cargill y Archer Daniel Midland (ADM). Ellas controlan gran parte del comercio mundial de maíz. Para tener mayor control, actúan en conjunto con semilleras, distribuidoras y procesadoras, formando dos cárteles principales: Cargill-Monsanto y ADM-Novartis-Maseca. Monsanto y Novartis son dos de las cinco empresas que controlan todas las semillas transgénicas en el mundo, Monsanto con más de 90 por ciento. Antón Novás (2005) señala que la estrategia de las trasnacionales ha traspasado una “simbólica línea roja situada entre los ciudadanos y la seguridad alimentaria del mundo; estrategia que podría suponer peligro para la alimentación de una buena parte de la población”. De ahí la importancia que tiene el papel de los gobiernos y las instituciones públicas para proporcionar en este campo un clima más favorable a la investigación biotecnológica que redunde en beneficio de la sociedad. Críticos al desarrollo de transgénicos que motivan la controversia: organizaciones ecologistas, ambientalistas y asociaciones de consumidores, quienes realizan campañas en contra de los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Agreguemos las grandes movilizaciones ciudadanas a favor de la democratización del sistema alimentario en diversos países del mundo. Entre estas organizaciones y asociaciones está Greenpeace, la cual tiene su propia racionalidad y refleja la incertidumbre que ha dominado a la sociedad moderna a raíz de las crisis ambientales y el poder de las transnacionales, lo que le atrae a dicha organización la simpatía pública. Entre los principales argumentos que tienen estas organizaciones para luchar contra el desarrollo y uso de productos transgénicos es que se podrían generar nuevas plagas y alterar las variedades de cultivos originarios, lo que afectaría el mantenimiento de las semillas autóctonas y de la agricultura que no es controlada por las transnacionales y sus personeros en cada país.
El Banco Mundial financia proyectos para introducir variedades transgénicas de diversos cultivos. Los proyectos se llevan a cabo a través del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF, por su siglas en inglés), el cual promueve proyectos de investigación científica en bioseguridad e introduce variedades transgénicas en cultivos como el maíz, la papa, la yuca, el arroz y el algodón. Los proyectos del Banco Mundial suponen el riesgo de exponer a contaminación transgénica cultivos que son fundamentales para las economías campesinas, y beneficiar en cambio a las multinacionales que producen las nuevas variedades. Las ganancias para el 2015 están valuadas en 182 millones de dólares, es decir 0.4 por ciento de la riqueza mundial. En el marco normativo y regulatorio de los transgénicos, estos organismos de alcance internacional han institucionalizado y legalizado el crecimiento empresarial basado en el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, así como de la biodiversidad de los países en vías de desarrollo. Esto lo hacen a través de acuerdos como: el General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), sobre Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), el Acuerdo sobre Agricultura Legalizada, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Expertos tecno-científicos para asesoramiento y evaluación de la tecnología: personal de instituciones de investigación o evaluación, las cuales centran sus actividades en proyectos agro-biotecnológicos y buscan no sólo avanzar en el conocimiento mismo de la tecnología, sino en el logro de beneficios sociales amplios. Sobre todo los de países en desarrollo, llevan a cabo proyectos en agro-biotecnología destinados a impulsar marcos regulatorios en materia de bioseguridad. De acuerdo con Michelle Chauvet et al (2000), las preocupaciones en materia de bioseguridad en agro-biotecnología se iniciaron en las instituciones de educación superior y desde ahí han penetrado lentamente a los sectores gubernamentales, empresariales y organizaciones privadas de corte ambientalista, los cuales forman redes cada vez más complejas, en las que algunos actores sociales tienen cada vez más poder de decisión. Mediadores con capacidad para el seguimiento y ampliación pública del debate y la controversia: entre estos destacan los medios de comunicación, gobiernos o instancias con responsabilidad pública en la toma de decisiones sobre el desarrollo y uso de los productos transgénicos. Los medios de comunicación difunden los avances de los procesos y productos agro-biotecnológicos, refuerzan una imagen a favor del bienestar social y luchan en contra de transnacionales, lo que atrae la simpatía pública. En ocasiones caen en el amarillismo y desvirtúan el conocimiento científico y tecnológico. Los gobiernos o instancias con responsabilidad pública disminuyen cada vez más sus funciones al grado de desregular las actividades agrícolas e industriales, centrando sus esfuerzos en el establecimiento de reglas que faciliten el acceso a nuevas tecnologías, sin crear contrapesos o capacidades locales que redunden en el mejor manejo de las tecnologías. Los cuestionamientos y rechazos que han sufrido los productos transgénicos han dado como resultado retrocesos y replanteamientos en las estrategias de utilización de esta tecnología. También han producido resultados constructivos y de gran interés para la investigación social, ya que han frenado la adopción de innovaciones, al cuestionar no sólo la utilidad para los diferentes actores en el proceso de su desarrollo y uso, sino también por alertar sobre los posibles riesgos que algunas de estas innovaciones podrían tener en la salud pública y el ambiente. Estos cuestionamientos han generado una apreciación sobre las leyes, normas, reglamentaciones y procedimientos en el uso seguro de productos agro-biotecnológicos. También han alertado sobre los impactos que puede tener en la investigación, el acceso de diversos actores a estas tecnologías, el otorgamiento de los DPI amplios sobre la materia viva, la importancia de la biodiversidad en la generación de innovaciones y la necesidad de integrar al debate a los actores sociales que poseen esa biodiversidad y la conservan. En especial, han puesto de manifiesto que, al menos en sociedades desarrolladas, es posible asimilar la base de control de una tecnología compleja al introducir criterios que beneficien a una gama amplia de actores, así como realizar esfuerzos concertados para detectar de manera temprana y mitigar los efectos negativos. Los productores de alimentos orgánicos, sobre todo de países en desarrollo, se han convertido en actores importantes en contra de los productos transgénicos y han obtenido incrementos en el volumen, el valor y la demanda de productos orgánicos. En los países desarrollados, los consumidores rehúsan consumir los productos transgénicos, pues los temores de la población sobre los posibles riesgos han llegado hasta los consejos de administración de las empresas que los producen o comercializan e inciden directamente sobre el mercado. Como el mercado de transgénicos está en formación, la percepción pública negativa ha tenido gran influencia en sus principales usuarios: empresas alimentarias, supermercados y productores. De ahí que la percepción pública de los actores se haya convertido en tema de gran interés. Yolanda Massieu (2004) señala como actores sociales importantes en la agro-biotecnología a las empresas agro-biotecnológicas. De igual forma, a aquellos actores relacionados con la conservación de la biodiversidad y la apropiación de la propiedad intelectual, así como el papel que tienen el Estado y algunos actores de la sociedad civil en actividades de regulación y bioseguridad. Comenta la citada estudiosa que los impactos que los cultivos transgénicos pueden tener, dependen de las condiciones específicas del producto de que se trate: no es lo mismo cómo impacta la agro-biotecnología en un producto de exportación y sembrado por grandes empresarios (como es el jitomate), que un producto como el maíz mexicano, un alimento básico y del cual viven miles de pequeños productores. La preocupación central en el debate y controversia sobre el maíz en México es cómo defender al milenario cultivo ante la amenaza del maíz transgénico, pues si se contamina una parcela con una semilla importada o desarrollada en el país, el agricultor puede ser demandado por las trasnacionales dueñas de las patentes de esta tecnología. Más grave aun es que al contaminarse se pueden perder o modificar los maíces híbridos o nativos resultado del trabajo genético de siglos. El aumento reciente al precio de la tortilla y el maíz es una excelente oportunidad para debatir a fondo el tema de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, asuntos olvidados por la administración pública desde hace varios sexenios con los resultados negativos que ya están a la vista. |
La caracterización social de los actores responsables del cambio científico y tecnológico, la compleja actividad de los actores, y el papel decisivo que juegan los valores morales, convicciones religiosas, intereses y las presiones económicas son fundamentales en la generación y consolidación de nuevas tecnologías, como lo es la IGA. 
Monsanto y Cargill participaron activamente en la configuración de acuerdos internacionales de comercio, en particular en la Ronda de Uruguay del GATT, hoy Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual no ha sido capaz de asumir su papel de rector mundial de las reglas de comercio. Pero en cambio ha permitido que Estados Unidos y la Unión Europea se nieguen a aceptar los reclamos de los países en desarrollo (Shiva Vandana, 2003).