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PortadaIntroducciónLa bioseguridad en México: del trabajo legislativo al Manifiesto por la Protección del Maíz
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Bioseguridad y seguridad alimentariaHilda Irene Cota Investigadora del Claustro de Sor Juana, Correo electrónico: [email protected]
Existen muchos elementos teóricos y también muchos “hechos” para reflexionar acerca de “lo alimentario”. En la época contemporánea, vivimos cambios sin paralelo como la manipulación técnica del genoma y creación de nuevos seres vivos en laboratorio. Las consecuencias en cuanto a la bioseguridad y la seguridad alimentaria, se relacionan con los riesgos de disminuir la biodiversidad, modificada en la actualidad sin parangón con otras etapas históricas. Algunos recursos genéticos, recursos naturales determinados como estratégicos de manera progresiva, tienen propietario y pasan a ser bienes privados, cuyo uso se vuelve exclusivo para sus propietarios, principalmente las grandes empresas transnacionales (ET). Esta situación modifica en varias modalidades la biodiversidad. Como se sabe, continúa en el mundo la dependencia de algunas economías nacionales y regionales hacia otras más desarrolladas. Estas últimas utilizan óptimamente sus recursos económicos, políticos y naturales, intensificando las condiciones de desigualdad. Las economías débiles se “especializan” en la producción y comercialización de productos de bajo valor agregado y tampoco producen servicios internacionales. Ante la necesidad de compra de productos de alto valor agregado, tecnologías y capitales, generalmente siguen en condiciones de exacerbada concentración del ingreso, superexplotación del trabajo y desaprovechamiento y deterioro de todo tipo de recursos, como la biodiversidad, lo que las vuelve cada vez más vulnerables. Los beneficiados con la globalización económica, dueños del capital financiero, empresas transnacionales y gobiernos de las naciones más fuertes, controlan el sistema económico mundial. En el polo contrario existen los impactos negativos, por ejemplo, en los sectores rurales y en la necesidad de importar alimentos, como ocurre ahora en México con el maíz. Desde 1980 las empresas dedicadas a la ingeniería genética tienen una participación financiera muy importante con sus productos; tendencia que continúa mediante procesos de concentración. Esto se debe, por un lado, a la propia complejidad tecnológica; y por otro, a la legislación vigente que justifica la apropiación de recursos y de la tecnología. En el sistema alimentario internacional, las grandes transnacionales pueden imponer sus condiciones para el comercio y la orientación del desarrollo tecnológico. Esta nueva subordinación de la agricultura y los productores primarios a las grandes corporaciones agroindustriales y agrobiotecnológicas es parte de una nueva forma de dominio que podemos denominar subordinación desestructurante, que somete a la ruina a algunos empresarios agrícolas y a la descampesinización a los campesinos (Massieu, 2004). Shiva (1999) esgrime argumentos sobre un “totalitarismo alimentario”. Esto significa que grandes empresas controlan el sistema alimentario al establecer monopolios sobre las semillas, su abasto y comercio. El control monopólico de las empresas se finca en la concentración económica de la que son instrumentos las patentes, los derechos de propiedad intelectual y la ingeniería genética. La democracia alimentaria implica eliminar el control monopólico para fortalecer la democracia, la justicia social y la sustentabilidad ecológica. Para González (2004), las aplicaciones de la biotecnología moderna han tenido un desarrollo más acelerado y con menos cuestionamientos en sectores como el de la salud y el de la industria alimentaria. En general, frente a los posibles riesgos y problemas que puede producir la biotecnología moderna ha surgido el concepto de bioseguridad. El actual contexto internacional biotecnológico se caracteriza por la competitividad mediante la globalización y el uso selectivo de las nuevas tecnologías, que modifican la capacidad soberana del Estado. Por política pública me refiero a mecanismos de acción colectiva (procesos) llevados a cabo mediante instituciones, cuyas normas toman en cuenta los derechos y aspiraciones de los ciudadanos; es decir, las políticas gubernamentales de los regímenes políticos democráticos. Colectivamente, la solución al hambre es un asunto político y de la política. Por ello, involucra la situación alimentaria nacional presente y futura. Esta problemática particular y sus probables respuestas o soluciones son integrantes de la agenda gubernamental en la política alimentaria. “Lo alimentario”, en términos de las acciones de gobierno queda ubicado en la política alimentaria: incluye las acciones productivas, de comercialización y de consumo; “Lo alimentario” atraviesa cualquier ámbito colectivo. Dentro de la política alimentaria se otorga prioridad a la seguridad alimentaria, que propongo como el aspecto medular de dicha política. Las competencias gubernamentales para atender la demanda alimentaria pueden perfectamente esclarecer el grado de autonomía de una nación con respecto al exterior e ilustrar las relaciones económicas y políticas de grupos sociales, instituciones y regiones. La definición más elemental de alimentación es el acto de proporcionar sustancias nutritivas al organismo con el fin de mantenerlo en un óptimo estado de salud y funcionamiento. En procurarse bienestar, cada grupo humano tipifica muy exactamente que entenderá por alimentarse correctamente y cómo obtener el alimento en la máxima medida posible. Alimentarse implica voluntad, capacidad de decisión. Cada individuo y cada colectividad aplican concientemente criterios para discriminar entre las distintas acciones que se involucran en las prácticas de la alimentación. Hambre es una sensación consciente de necesidad de alimento que se manifiesta como un malestar que puede llegar a ser un dolor y sensación de vacío. Nutrirse, por otra parte, no es voluntario: los complejos procesos bioquímicos de utilización de nutrimentos que lleva a cabo el cuerpo humano no son regulables deliberadamente; la nutrición se realiza biológicamente a partir de la calidad y cantidad de la ingesta. Cuando el ser humano se alimenta, no sólo satisface su hambre, está haciendo cultura en general y cultura alimentaria en particular. Se suele plantear el hambre como un problema individual ocasionado por la ingestión insuficiente de alimentos, desde la percepción del propio individuo. Pero solucionar ese problema es un asunto colectivo, involucra necesariamente a la política y ésta, a las acciones de los gobiernos. Es indispensable considerar también, por sus efectos sociales, la adaptación fisiológica a las restricciones alimentarias. Existen personas “adaptadas” o sobrevivientes de desnutrición, que nunca llevarán una vida óptima ni física, ni psicológica, ni culturalmente. La mayoría de los hambrientos están en los grupos vulnerables y en los pobres. El hambre, fenómeno colectivo, lo causa el fracaso en el acceso a los alimentos localmente disponibles, problemas para producirlos y, en menor medida, por restricciones directamente asociadas a interpretaciones culturales. De modo que un actor fundamental es la “política”, a nivel mundial, nacional y hasta el micro, es decir hasta el individuo. Nos recuerda Chauvet que las metas de la FAO en 1995 de reducir a la mitad el número de personas alimentariamente inseguras para 2015, se ha postergado hasta 2030; la inseguridad alimentaria está íntimamente relacionada con la pobreza, y ésta aumenta de manera creciente.
Interesan los usos tecnológicos como agenda de gobierno, en el contexto de las transformaciones internacionales, por la reformulación de capacidades y tareas del Estado en cuanto a la recomposición financiera y comercial, en una nueva espacialidad regional y por el dominio de derechos de propiedad intelectual de las grandes transnacionales. La seguridad alimentaria (incluido el aspecto ambiental) involucra directamente los procesos de desarrollo científico y tecnológico, así como a las comunidades científicas. Está comprobado que el problema esencial no es la vieja premisa malthusiana acerca del desencuentro entre el crecimiento de la población y el de la producción de alimentos. La seguridad alimentaria implica evitar la importación masiva de alimentos, aprovechar alimentos nacionales y estimular la diversificación productiva y la autonomía de los grupos locales; confiabilidad en la calidad de los alimentos, la conservación de los recursos naturales y en los intercambios comerciales. Actualmente, la seguridad alimentaria y nutricional, según Pessanha y Wilkinson (2005), involucra cuatro rubros políticos:
Para los mismos autores, a fin de fortalecer la seguridad alimentaria las legislaciones nacionales deben incluir los siguientes aspectos:
Existen investigaciones que argumentan que los cultivos transgénicos profundizan la inseguridad alimentaria al impedir la pervivencia de los pequeños productores agrarios y poner en riesgo la diversidad genética de cultivos alimentarios importantes. Analizar el aspecto regulatorio parece indispensable. Asimismo, hay que considerar que, en general, la siembra de cultivos transgénicos provoca homogeneización y erosión genética. Estos aspectos biológicos inciden negativamente en las capacidades productivas de los campesinos. La seguridad alimentaria implica el control público del acceso a la biodiversidad y de la base genética alimentaria. El mejoramiento vegetal no debe implicar la reducción de la base genética a largo plazo. Se parte de la premisa de que todas las acciones relativas a la solución del hambre y a la promoción y posibilidad de ingestas suficientes y sanas son de orden colectivo y público, no se toma en cuenta el aspecto de la patología individual o de la marginación y pobreza del “individuo”. Las acciones que interesan son gubernamentales. Como ahora se imponen los intereses económicos –políticos– tecnológicos públicos y privados en nuevas espacialidades (que modifican la convencional concepción del Estado-Nación) cobra relevancia el entendimiento sobre la bioseguridad, por todas las prácticas sociales en el mundo globalizado que implican efectos negativos, en general, a la biodiversidad “…entendiéndose por ella la riqueza, la cantidad y la variedad de seres vivos que concurren en una determinada área, incluye el número total de especies y variedades que existen en un territorio, en bosques, en áreas agrícolas, en el suelo, en las aguas y en los mares. A lo anterior hay que agregar diversidad étnica y cultural de los habitantes de un territorio” (Massieu y Chauvet, en Piñeyro, 2004: 222). Así que, justificando teórica y políticamente, propongo la prevención como política gubernamental; es decir, vinculada con aspectos medulares de la agenda pública. No hay duda de que los productos biotecnológicos inciden en la salud (humana, animal y vegetal), en la economía y en la cultura, y desde luego, en la alimentación. Por ello, retomando la idea inicial sobre el abanico de posibles riesgos y problemas (muy amplio en consecuencias más o menos inmediatas como en el mediano y largo plazo), se hace indispensable la acción gubernamental pública en política y policies . Cabe insistir en que uno de los aspectos más polémicos justamente es el desconocimiento de las consecuencias de las aplicaciones de varias de las “novedades” biotecnológicas. Dado que sin el financiamiento adecuado, con insuficiente infraestructura, con diagnósticos y diseños erráticos de policies; firmando acuerdos internacionales poco favorables para el país, no se logra eficacia en las políticas gubernamentales alimentarias, a los aspectos anteriores ahora debe sumarse otro nuevo e importante componente: la bioseguridad en todos sus niveles (internacional, nacional y regional). Está claro que la bioseguridad no puede ya disociarse de la concepción, diseño y ejecución de las políticas gubernamentales que atañen al sistema alimentario. Incluso se puede argumentar que: “Los aspectos relativos a los ‘nuevos' derechos humanos se suman a los básicos en la redefinición de la seguridad nacional. Es por ello que aspectos estratégicos para la soberanía de un país, tales como la autosuficiencia alimentaria y la bioseguridad, no pueden quedar fuera del concepto actual de seguridad nacional… La autosuficiencia alimentaria en países como Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea, es considerada como prioritaria dentro de una concepción de la defensa de los intereses como naciones…” (Chauvet 1994:232-233). De manera que, para caracterizar en un primer nivel la situación mexicana en tanto resultado de la apertura financiera y comercial llevada a cabo y ante el actual escenario internacional y sus reflejos al interior del país que complejizan el desempeño regional en cuanto a la apropiación de tecnologías y recursos ambientales, es vital atender públicamente la agenda gubernamental sobre el sistema alimentario. Continuando con la argumentación, nuestro país es importador de granos básicos y debe atenderse en forma prioritaria a 26 millones de personas:
En este escenario, la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso, plantea como pobre alimentario al que tiene un ingreso de un dólar al día. Esa dependencia utiliza para la generación de sus policies la siguiente tipología: pobre de patrimonio, pobre de capacidades, pobre alimentario. ¿Qué tantas respuestas puede tener nuestra propuesta de vincular la bioseguridad con la seguridad alimentaria? Haciendo un poco de retrospectiva a fin de aportar elementos a las respuestas de la pregunta anterior, recordemos que el Partido Acción Nacional propuso un proyecto de Ley de Bioseguridad en 2000, que pasó a la Cámara de Diputados en 2003 y que actualmente ya está aprobada. Relativa a las instituciones nacionales avocadas a esta temática en 1999 se creó, por acuerdo presidencial, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), en tanto que México firmó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en el año 2000. Este instrumento reglamenta el movimiento internacional de los OGM. Cabe aclarar que desde 1992, a partir de la fundación de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), se legisló internacionalmente sobre la soberanía de los Estados en cuanto a sus recursos genéticos, particularizando en la comercialización de productos biotecnológicos, organismos vivos. México se adhirió en 2003. A nivel internacional, también México está comprometido con distintos tipos de acuerdos con:
Contamos en México con definiciones legales sobre Bioseguridad, además de la Ley sobre Bioseguridad (Díaz Ramírez, 2005) y (Besares Escobar, 2000) en:
En la Constitución podemos encontrar regulación que se acerca al ámbito de la bioseguridad en cuanto a la función social de la propiedad privada, los asentamientos humanos y las cuestiones ambientales. Una de las más recientes aplicaciones de política a policy la encontramos en junio de 2006 en el acuerdo por el que se establecen las políticas y lineamientos de bioseguridad a que se sujetan las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el fomento y desarrollo de un Régimen de Protección Especial al Maíz. Como era de esperarse, no puedo saber cuántas respuestas puede tener la pregunta por la ligadura entre bioseguridad y seguridad alimentaria en cuanto a políticas gubernamentales; pero mi respuesta es que se fortalecería la eficacia de la política alimentaria, como política y ello debido al propio mejoramiento de las policies en seguridad alimentaria. A su vez, lo anterior reforzaría la seguridad y la soberanía de la Nación. |
Es indispensable y urgente reflexionar sobre el funcionamiento en nuestro país de una política que fortalezca la seguridad alimentaria, pero que incorpore aspectos de bioseguridad como política gubernamental. 
Es imposible no considerar el desarrollo tecnológico en las aplicaciones alimentarias, que surgen y modifican las propiedades físicas y químicas de los alimentos, básicamente las transformaciones genéticas (ingeniería genética) y las atómicas (nanotecnología) a los alimentos de origen vegetal y animal.