Al parecer fue un cortocircuito; separan del cargo al director del centro carcelario

Incendio en penal de Honduras deja más de 100 prisioneros muertos

"¡Déjenlos allí!" gritaban los policías en vez de abrir los portones, dice un mara salvatrucha

AFP, DPA, THE INDEPENDENT Y REUTERS

Tegucigalpa, 17 de mayo. Por lo menos 103 prisioneros, entre ellos 53 jóvenes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS), murieron esta madrugada en un incendio en el Centro Penal de la ciudad de San Pedro Sula, en la peor tragedia penitenciaria de Honduras.

El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, informó en un primer balance que había 102 muertos y que 26 heridos permanecían en tratamiento en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Pero horas más tarde, uno de los heridos falleció y se elevó el balance a 103 muertos, de acuerdo con fuentes extraoficiales.

En el penal, construido para mil 700 internos, había 2 mil 227, de los cuales 182 estaban ubicados en el pabellón incendiado, indicó el vocero del ministro de Seguridad, Leonel Sauceda.

Un testigo aseguró que primero se escuchó una explosión, luego se desató el incendio y los custodios del Centro Penal empezaron a dispararle a los reos en vez de abrirles las puertas de las celdas para evitar que murieran, sostuvo.

Un reo integrante de la MS, identificado como Pablo Cardona, dijo que "fue un cortocircuito, pero las autoridades tuvieron la oportunidad de ir a nuestros módulos a abrir los portones, sólo que en vez de esto, nos dispararon para que no saliéramos".

Añadió a emisoras de radio locales que "ellos querían que muriéramos, los policías decían: allí déjenlos, déjenlos, cuando pedíamos auxilio".

El cuerpo de bomberos dijo en su informe preliminar que el incendio se desató tras un cortocircuito en la unidad de aire acondicionado y después se escuchó una explosión en uno de los motores.

La actuación de las autoridades del Centro Penal provocó la sospecha e indignación de la Iglesia católica, que pidió una investigación en voz del obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, quien calificó de "espantosa" la cantidad de muertos.

"Casi 100 muchachos han perecido, la mayoría por asfixia, y ha sido una de las tragedias más grandes que hemos tenido en la historia de nuestro país a nivel de los centros penales", afirmó Emiliani, que ha trabajado en rehabilitación de jóvenes pandilleros.

Elías Aceituno, director del Centro Penal de San Pedro Sula -unos 240 kilómetros al norte de Tegucigalpa- informó que fue suspendido de su cargo luego del incendio. La suspensión fue "para no entorpecer las investigaciones, pero posteriormente voy a regresar a mi cargo", aseguró.

Sauceda afirmó que "no se puede negar que hubo disparos, pero fue el guardia que estaba en el torreón más próximo quien hizo disparos de alerta y ninguno de los cuerpos presenta disparos de arma de fuego".

La vocera de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) en San Pedro Sula, Yolanda Perdomo, dijo que con las autopsias se determinará si hubo prisioneros muertos por bala.

Tras examinar 30 cadáveres las autoridades forenses descartaron, en un informe "preliminar" difundido por la tarde, que alguno de ellos hubiera sido víctima de tiros de los guardias, pero aun debían realizar la totalidad de las autopsias.

También un informe preliminar de las autoridades indicó que la acción de los bomberos que se desplazaron hacia el Centro Penal no pudo evitar que el incendio destruyera las instalaciones.

El presidente Ricardo Maduro suspendió una gira que realizaba por Europa. Las autoridades aún no detallaron su versión de los hechos, y el presidente en ejercicio, Vicente Williams, convocó a una reunión de emergencia del gabinete para tomar decisiones en torno a la investigación.

En abril de 2003 murieron 68 personas, entre ellos 65 reos, de los cuales 61 eran integrantes de la otra pandilla juvenil Mara 18 en la cárcel El Porvenir, en las cercanías de La Ceiba: 51 policías, militares y reos comunes están acusados de perpetrar la matanza.

Organismos de derechos humanos aseguran que hay una "política de Estado" para ejecutar a los miembros de las pandillas, pero el gobierno hondureño lo niega.