Insiste en rechazar que el senador Diego Fernández de Cevallos sea litigante en el caso

El predio de los Ramos Millán vale $100 millones: Salazar Adame

El valor real del predio de 50 hectáreas de Santa Ursula Coapa, por el que la familia Ramos Millán demandó un pago de mil 214 millones de pesos, no supera los 100 millones de pesos a precios actuales, dijo el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.

Insistió en que el juicio en el que se resolvió que la SRA debería pagar mil 214 millones de pesos por el predio expropiado estuvo lleno de irregularidades, pues "no se ha escuchado a la SRA".

Confió en que las 14 tesis jurisprudenciales que la semana pasada emitieron ministros de la Suprema Corte ayuden a revisar la forma en que se calculó el valor del predio reclamado y que se tome una "resolución justa", porque se "impuso el pago de una indemnización por encima de su valor real, y cubrirlo llevaría 40 años".

"Hemos presentado una serie de recursos sobre los cuales no se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, entre ellos que quien se dice albacea de la familia Ramos Millán no acreditó la personalidad jurídica, pues el albacea falleció dos años antes de que se interpusiera la demanda", abundó.

Tampoco se incluyeron los argumentos que presentó el jurídico de la institución federal, como el hecho de que la superficie no estaba en poder de sus propietarios, había sido invadida, y al momento de la expropiación, para regularizar la vivienda de los que allí habitaban, el valor del predio era de 7 millones de pesos.

Además, el predio se identificó sobre una Guía Roji, así quedó asentado en actas, y por eso tampoco los demandantes pudieron señalar cuál era la extensión y así lo estableció el perito; pese a esas irregularidades se llevó a cabo el juicio, agregó el titular de la SRA.

Consideró que hay dos vías para abordar el asunto: que se reponga el procedimiento "porque es notoriamente apegado a lo que establece la ley", o se ajuste a lo correcto el pago indemnizatorio, si se decidiera mantener la ejecutoria.

El monto de mil 214 millones de pesos "es francamente escandaloso"; si se pagara implicaría incumplimientos que causarían "un grave problema social en el campo", advirtió.

Sobre la intervención como abogado del senador Diego Fernández de Cevallos, el secretario expuso que "crea una implicación que quisiéramos no tuviera más en el futuro. Hemos señalado la pertinencia de que el Poder Legislativo emita una ley que prohíba que los representantes populares durante su ejercicio ejerzan cualquier actividad que no sea la estrictamente académica, porque no sabemos cuándo el legislador es abogado o el abogado es el legislador".