Advierten que realizarán una resistencia inteligente

Se trata de una declaración de guerra, coinciden perredistas

MATILDE PEREZ, RAUL LLANOS SAMANIEGO Y SUSANA GONZALEZ

Mientras que la directiva nacional del PRD aseveró que con la ley en la mano defenderá al jefe del Gobierno capitalino, diputados locales, jefes delegacionales y dirigentes del sol azteca en el Distrito Federal, calificaron "declaración de guerra" la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Esa decisión, enfatizó el dirigente del PRD, Leonel Godoy, no es un hecho aislado, sino concordante con la actitud del presidente Vicente Fox, a quien Godoy acusó, junto con la PGR, de iniciar la desestabilización del país. Agregó: "ese mensaje no nos preocupa por López Obrador, sino por las repercusiones nacionales, ya que es un evidente signo de la descomposición de la vida política nacional".

Reiteró que la posición de la PGR y del gobierno obliga a una reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional para definir la estrategia a seguir. "Sabemos que los ataques no van a cesar, que van a continuar, pero ya estamos preparados."

A la pregunta de que si después de esta decisión de la PGR continuarán con su postura de un posible diálogo con el Presidente, Leonel Godoy se limitó a comentar: "vamos a verlo, vamos a evaluarlo".

Insistió en que la directiva nacional del PRD "ya sabía lo que iba a ocurrir, por eso sus integrantes estamos serenos. Sabemos que López Obrador va a superar esta traba, este ataque". Antes de la entrevista, ante el público que acudió a la Casa Lamm para participar en el foro El PRD después de los videoescándalos y del último congreso, el dirigente del PRD rechazó que López Obrador y el gobierno capitalino sean corruptos: "eso no lo aceptó".

A su vez, diputados locales, jefes delegacionales y dirigentes del PRD en la ciudad de México manifestaron que la decisión de la PGR responde más a una cuestión política que legal, y ante ello apelaron a la "madurez" de los legisladores federales que conocerán del caso para que muestren la "prudencia" que la administración federal no ha tenido, pues este caso pone en riesgo la gobernabilidad de la ciudad y del país.

Los dirigentes del PRD en esta capital adelantaron que convocarán a su militancia y a la sociedad en su conjunto para que se movilicen en rechazo a esa decisión, pues es necesario defender el proyecto político de izquierda y la gestión de López Obrador, pero dejaron claro que no caerán en provocaciones y responderán con una "resistencia inteligente".

Lorena Villavicencio, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, argumentó que la determinación del gobierno foxista "es una abierta declaración de guerra" a la administración capitalina, pues a pesar de que existía una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidaba toda acción contra el mandatario local se siguió adelante, lo cual, invariablemente, "cae en un esquema de ingobernabilidad" y echa por tierra cualquier posibilidad de diálogo entre los principales actores políticos del país.

Agustín Guerrero, dirigente del sol azteca en esta ciudad, dijo que "cerrarán filas" en torno del proyecto democrático en el DF y al jefe de Gobierno, para lo cual habrán de convocar, a partir de este día, a la ciudadanía, para realizar marchas y manifestaciones contra esos "excesos" del gobierno federal. Aunado a esto calificó de "lenguaje hipócrita" la postura de la administración foxista de convocar al diálogo por un lado, y por el otro promover estos ataques.

Carlos Reyes Gámiz, coordinador de la fracción perredista en la ALDF, mencionó que ya había una resolución judicial sobre el asunto de El Encino, pero "es notorio que ahora la PGR desempolvó el expediente y vuelven a insistir en fincar responsabilidades al jefe de Gobierno. Frente a ese hecho, convocaremos a los perredistas y de ninguna manera vamos a dar un paso atrás, tope con lo que tope".

A su vez, la delegada en Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta, evidenció el matiz político en la resolución de la PGR y pidió esperar la actuación de los diputados federales. "Estamos en sus manos, y creo que ahí debe existir prudencia, madurez, lo que no hay en el gobierno federal, y esperamos se comporten sin revanchismos políticos. Por lo pronto, es de preverse una respuesta de los ciudadanos, los que ya no están cerrados de los ojos".

Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, dijo que el gobierno de Fox "ha politizado la justicia en el país", y consideró que a quien se le debe aplicar el peso de la ley es al procurador Rafael Macedo de la Concha, quien "ha torcido las instituciones de justicia del país", y las ha puesto "a merced de gánsters que operan fuera del país".

Por su parte, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Heredia, expresó que los artículos de la Ley de Amparo en los que se basó para solicitar el desafuero no penalizan la conducta de abuso de autoridad, con la que se tipifica la violación de una suspensión, por lo tanto no hay delito que perseguir.

Se trata, dijo, de una "norma imperfecta porque no hay pena", y consideró que esto provocará problemas en su aplicación, puesto que "la misma Cámara de Diputados puede decir 'no ha lugar'".

El funcionario explicó que el artículo 206 de la Ley de Amparo señala que "al que viole una suspensión se le sancionará con la pena del delito de abuso de autoridad", el cual está contemplado en el artículo 215 del Código Penal, "donde hay varias hipótesis con distintas penas, pero ninguna está referida al delito de abuso de autoridad derivado de la violación de la suspensión".

Así que, señaló Sales Heredia, "no hay pena para esta conducta, entonces es un delito sin castigo, luego entonces no hay infracción", y explicó que si lo anterior está incluido en la Ley de Amparo es porque "primero se legisla ésta y posteriormente se modificó el Código Penal, pero a los legisladores se les olvidó vincular ambos".

El subprocurador también consideró que además de la ambigüedad en la solicitud, la determinación de la PGR resulta "excesiva e improcedente" porque el gobernante ni siquiera es la autoridad señalada en el caso y en cambio contribuye a enrarecer aún más el ambiente político.