Sin traductor, enfrentó un juicio en Florida

Fabrican cargos en EU contra indígena tojolabal

ALBERTO NAJAR

Durante tres meses un tojolabal permaneció recluido en una cárcel de Florida, Estados Unidos, acusado de un delito que no cometió y sin posibilidad de defenderse, pues no habla inglés y apenas entiende español. El gobierno mexicano no fue oficialmente notificado del asunto, lo cual viola los mismos principios de la Convención de Viena que motivaron una sentencia contra la Casa Blanca por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Se trata del chiapaneco Eduardo López López, originario de San Antonio Ba-huitz, Las Margaritas, a quien la Policía de Caminos de Orlando culpó de haber provocado un accidente de tránsito y huir del lugar. Sin embargo, el tojolabal nunca ha conducido un vehículo.

A pesar de ello fue encarcelado en la prisión del condado de Orange y enfrentó un juicio sin contar con un traductor que le ayudara a defenderse. El pasado 15 de marzo, dos meses y medio después de su aprehensión, López López fue exonerado del cargo, pero permaneció hasta ayer en la cárcel a petición del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), que pretendía deportarlo a México.

El consulado mexicano en Orlando -que se enteró del caso el 20 de marzo, cuando los familiares del detenido pidieron ayuda para liberarlo- estudia la posibilidad de demandar a la Policía de Caminos por cometer un falso arresto. El destino de la denuncia es incierto: hasta ahora la corporación no ha identificado siquiera al agente que detuvo al chiapaneco.

El de López López no es el único caso de abuso policiaco en Florida. En octubre de 2003 el tzotzil Manuel Gómez Gómez fue liberado tras permanecer casi un año en la prisión de Tampa, acusado de conducta impropia con una menor de edad, delito del cual fue exonerado. Durante el juicio se le asignó un traductor en español, lenguaje que el chiapaneco apenas conoce.

La semana pasada se supo de otro tzotzil encarcelado en la prisión de Polk por no retirarse del sitio donde fue detenido un amigo suyo. La policía de ese condado lo acusó de poseer droga, cargo que, cinco meses después de su captura, no ha sido probado. El chiapaneco, quien dijo llamarse Valdemar López Santís, es menor de edad; tampoco habla inglés y su conocimiento del español es escaso.

Eduardo López López fue detenido el pasado primero de enero cuando, junto con su hermano Domingo, regresaba a la habitación que comparten, después de hablar por teléfono con su familia.

En ese momento un agente policiaco les ordenó detenerse, pero los hermanos no entendieron de qué se trataba. En las proximidades habían chocado dos automóviles, uno de los cuales era conducido por un hispano que huyó del sitio. Y como aparentemente los únicos latinos que estaban cerca del accidente eran los dos chiapanecos, el policía les marcó el alto y detuvo a Eduardo.

López López nunca supo de qué se le acusaba. El 5 de enero fue presentado ante el juez del condado de Orange, Thomas Kirkland, quien le fijó una fianza de 250 dólares que el tojolabal no pagó porque no entendió que tenía ese derecho.

Tampoco supo, explica la cónsul Luz Elena Inés Bueno Zirión, que podía solicitar ayuda. "Si le informaron de su derecho a comunicarse con nosotros no lo entendió y seguramente no lo hicieron de una forma que lo comprendiera", dice.

Según la funcionaria, las autoridades del condado siempre supieron que se trataba de un ciudadano mexicano, y a pesar de ello nunca informaron al consulado, que se enteró del caso cuando un tío de Eduardo, Carmelino López, pidió ayuda en la delegación chiapaneca de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mientras, el juez Kirkland ordenó que se practicaran estudios siquiátricos a López López para determinar el origen de su conducta, pues nadie podía comunicarse con él, ni siquiera en español. El dictamen médico estableció que se trataba de una persona cuerda e inteligente, cuyo único problema era que no entendía el idioma ni tampoco sabía leer.

Finalmente, el 15 de marzo López López fue exonerado, pero el juez ordenó que permaneciera en prisión a solicitud del DHS, que inició un proceso de deportación, algo que el consulado mexicano pretende evitar.

"Estamos pidiendo, con base en los acuerdos de repatriación segura y ordenada, que le den salida voluntaria para que sea más rápido", explica la cónsul. "También queremos que nos permitan ponerlo en un avión de regreso hasta Chiapas, porque ellos nada más lo dejan en la frontera y allí puede volver a tener problemas terribles".

El trámite fue autorizado ayer. Los responsables del DHS en Florida aceptaron que López López abandonara el país en un vuelo con escala en Miami, algo inusual, pues todas las deportaciones se realizan de forma directa.

El tojolabal habría arribado a la ciudad de México a las 22 horas. Se espera que este jueves sea trasladado a Tapachula, desde donde saldrá a San Antonio Bahuitz, Las Margaritas.

Según cálculos de la Coalición de Trabajadores de Inmokalee (CIW, por sus siglas en inglés), en Florida viven unos 10 mil indígenas mexicanos que trabajan como jornaleros en los campos agrícolas. La mayoría (unos 4 mil) provienen de Oaxaca, aunque también se han encontrado grupos originarios de Puebla, Hidalgo y más recientemente de Chiapas.

Se trata de una población vulnerable, explica Lucas Benítez, de la CIW, pues al igual que Eduardo López muchos no hablan español. "Los patrones abusan de ellos porque no pueden defenderse; a cada momento encontramos grupos que los tienen como esclavos".

Uno de estos casos concluyó el mes pasado, cuando se confirmó la sentencia de 15 años de prisión contra los hermanos Ramiro, Juan y José Ramos, quienes mantuvieron en esclavitud a 700 jornaleros mexicanos, muchos de los cuales eran indígenas.

El problema, sin embargo, está lejos de acabarse, pues Florida es uno de los estados que registra mayor flujo migratorio en los años recientes, sobre todo el destinado a la agricultura.