Aclara el CJDF los términos de la denuncia presentada

Nunca se pidió sancionar a juez que ordenó liberar a presunto delincuente

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) tuvo conocimiento, el 16 de octubre de 2003, de las irregularidades en que habrían incurrido Carlos Yarza Carranza, juez 46 de lo penal, y Fabián Oropeza Baeza, agente del Ministerio Público (MP) capitalino, al favorecer a un presunto delincuente, el cual fue liberado porque "ya habían prescrito los delitos de homicidios y lesiones que se le imputan".

No obstante, ocho días después, el CJDF desechó la queja presentada contra ambos funcionarios por familiares de Modesta Mejía Hinojosa -quien fue asesinada en 1984, presuntamente a manos de su ex cuñado Francisco Javier Sandoval Calderón-, debido a que los quejosos sólo pidieron a los magistrados que revocaran la sentencia del juez Yarza Carranza, y no que fuera sancionado por las posibles faltas administrativas en que incurrió junto con Oropeza Baeza, quien no apeló de la sentencia del juzgador.

De acuerdo con documentación de la queja 168/2003 -de la cual posee copia La Jornada-, Juan Angel Lara Lara, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial del CJDF, notificó a los denunciantes que no procedía el análisis a fondo del asunto, porque se carecían de los elementos jurídicos para ello.

En la notificación se puntualiza que el denunciante "solicita la intervención de este Consejo, a fin de que sea revocada la cancelación que se hizo de la orden de aprehensión (en contra de Sandoval Calderón), debido a que manifiesta que tal determinación no estuvo apegada a derecho; (sin embargo), no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que es improcedente en el ámbito administrativo la realización de tal actuación, ya que a este Consejo le corresponde la determinación de la responsabilidad de los servidores públicos de la administración de la justicia del fuero común, con motivo de las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo".

José Alfonso Mejía Hinojosa, hermano de la occisa, quien presentó la queja por escrito al pleno del CJDF en octubre de 2003, asegura que tanto el juez 46 de lo penal como al agente del MP adscrito el año pasado a ese juzgado "no actuaron conforme a derecho en sus funciones".

Puntualizó que ambos funcionarios "favorecieron deliberadamente" a Sandoval Calderón, debido a que el juzgador habría decretado la prescripción de los delitos que se le imputan antes del tiempo jurídico establecido en el Código Penal del DF, mientras que el MP capitalino nunca apeló de la sentencia, y tampoco notificó a los denunciantes respecto de la cancelación de la orden de aprehensión que enfrentaba el indiciado desde 1985.

Sobre el caso de Oropeza, el quejoso sólo denunció ante los consejeros que el agente del MP recibió en tiempo y forma la notificación de la sentencia del juzgador, "pero el representante social no apeló el fallo, situación que me causó agravios como familiar directo de la ahora occisa".

No obstante, en dicha queja nunca se hace mención de la necesidad de que ambos funcionarios fueran sancionados conforme a lo que estipula la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que motivó al CJDF a desecharla "por improcedente".

La Jornada informó ayer en exclusiva que el quejoso presentó el 3 de octubre del año pasado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia penal en contra de Yarza Carranza y Oropeza Baeza por los hechos antes mencionados. Por ese motivo, el Ministerio Público integró la averiguación previa FSP/BT3/2123/03-10, que actualmente está en proceso.