Acusan a César Cordero de afectar al erario con más de 74 millones de pesos

Consigna la PGJDF denuncia penal contra el ex tesorero de la Asamblea

Los recursos habrían sido destinados a propaganda, difusión y servicios especiales

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó ante un juez penal la denuncia presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) contra el ex tesorero de la primera legislatura, César Cordero Madrigal, acusado de haber causado daño al erario por más de 74 millones de pesos.

De acuerdo con un informe interno de la ALDF, la Fiscalía Especial para Servidores Públicos de la PGJDF consideró que existían elementos suficientes para consignar penalmente el expediente relacionado con la averiguación previa FSP/BTI/898, en la que se señala a César Cordero -quien estuvo al frente de la Tesorería durante la gestión encabezada por Martí Batres- como presunto responsable de ese ilícito.

Fue en mayo del año pasado cuando la Contraloría Interna de la ALDF determinó inhabilitar a César Cordero por un lapso de 10 años. El argumento era que nunca entregó la información contable que respaldara el gasto de 74 millones 386 mil 112 pesos.

Esos recursos se invirtieron, según los estados contables, en cuatro rubros: compensación por servicios especiales, gastos de propaganda, impresiones y publicaciones oficiales, así como en otros gastos de difusión e información; no obstante, no se presentaron las facturas que avalaran ese dinero.

Aunado a ello, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la legislatura pasada determinó presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para Servidores Públicos. A ésta se sumó otra querella interpuesta previamente por la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, órgano de fiscalización que también consideró que no estaba justificado legalmente el uso de esos recursos, que fueron empleados de enero a septiembre de 2000.

Luego de su gestión en la ALDF, Cordero Madrigal ocupó el puesto de director de Administración en la delegación Iztapalapa, encabezada entonces por René Bejarano. Ahí permaneció hasta enero de 2003, cuando presentó su renuncia, derivada de la resolución de la Contraloría capitalina.

De acuerdo con el informe de la ALDF, será ahora el juez penal quien determine si la averiguación previa está debidamente fundada para librar orden de aprehensión contra el mencionado ex servidor público, o bien se determina el no ejercicio de la acción penal.

Es de mencionar que en la pasada legislatura, en la que la presidencia de la Comisión de Gobierno de la ALDF fue ocupada por el perredista Armando Quintero, la priísta María de los Angeles Moreno y la panista Patricia Garduño durante un año cada uno, se entregaron las cajas que supuestamente contendrían los documentos que avalaban el gasto de los 74 millones de pesos.

Para ese entonces hubo un acuerdo en la Comisión de Gobierno de la ALDF para que la Contraloría Interna analizara la documentación y estableciera si efectivamente eran las facturas de los gastos realizados; incluso se comentó que si a resultas de esa revisión salían nuevos elementos para fincar responsabilidades, se procedería en consecuencia.