Sin solución el problema de proteger a los usuarios, afirman

Critican Encinas y Ebrard amparo dado a bancos contra inspecciones de seguridad

SUSANA GONZALEZ G. Y BERTHA TERESA RAMIREZ

El amparo definitivo que obtuvieron Banca Afirme y American Express Bank contra la Ley de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, con el cual se determinó que las autoridades locales no están facultadas para verificar las medidas de seguridad de las sucursales bancarias, fue criticado por los secretarios de Gobierno, Alejandro Encinas, y de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard.

Ebrard desestimó la resolución emitida por dos tribunales federales contra la legislación y puntualizó que hasta ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sólo había sido notificada de un amparo definitivo en favor de American Express y sus socios, "de ahí en fuera ninguna otra institución tiene amparo".

Pero la otra institución que ganó el amparo definitivo es Banca Afirme, la misma con la que la SSP firmó un convenio en septiembre de 2003 y a la que Ebrard se ufanó entonces en presentar como la única institución financiera que cubría sus gastos de seguridad en las siete sucursales que tiene en la ciudad de México, al tiempo que le otorgó un reconocimiento por no haber sufrido asalto alguno.

Para Encinas, la decisión judicial resulta "desafortunada" puesto que no se resuelve el problema de fondo, que es garantizar la seguridad de los usuarios de los servicios bancarios. Advirtió, además, que se sienta un mal precedente, ya que crea una situación de impunidad e incertidumbre entre las instituciones bancarias, cuyos propietarios deben ser los principales responsables de brindar seguridad a sus clientes.

Entrevistado al concluir la ceremonia mensual de entrega de estímulos a policías judiciales y preventivos, Ebrard dijo que "otros jueces" no coinciden con la interpretación de que el gobierno capitalino no tiene facultades para verificar las condiciones de seguridad de los bancos. "Sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no accedió a declarar inconstitucional" la ley mencionada, dijo en referencia a la resolución que el máximo órgano de justicia del país emitió en octubre de 2002, cuando fue desestimada la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República.

En ese entonces, la mayoría de los siete ministros consideró que la legislación capitalina es inconstitucional, pero faltó un voto para que el máximo tribunal decretara la invalidación total de los artículos de la citada ley y permitió que se presenten demandas particulares para que sean dirimidas por tribunales.

No obstante, debido a que desde entonces casi la totalidad de los bancos que operan en la capital ya habían interpuesto amparos contra dicha legislación, corresponde a los tribunales federales resolver si procede o no su aplicación, tomando en cuenta la resolución de la SCJN y una tesis de jurisprudencia que data de septiembre de 1997, la cual establece que: "es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar sobre intermediación y servicios financieros".

Pero Ebrard dijo que esperarán la conclusión de todos los procesos judiciales en marcha y confió en que "prive la razón y el sentido común" porque no sirve de nada que el problema se siga postergando. Ponderó también que "ya muchos bancos (...) algunos bancos -corrigió- han firmado convenios con la SSP y otros han contratado personal de seguridad".